Miguel “Miguelón” Figueroa, sospechado de estar vinculado al narcotráfico, fue señalado como autor de un mensaje intimidatorio que recibió el gobernador Osvaldo Jaldo, un juez y tres fiscales. La Policía realizó ayer un operativo y detuvo a más de 40 personas.
Figueroa, condenado por tres homicidios y trasladado al penal federal de Marcos Paz el año pasado, habría decidido tomar esta decisión luego de que su hijo, que tenía problemas de adicción se quitó la vida. Solicitó permiso para ser trasladado de Buenos Aires a Tucumán, para participar del sepelio del joven, pero las autoridades rechazaron el pedido.
Según fuentes judiciales, “Miguelón” se puso en contacto con una mujer que grabó un mensaje en el que advertía que algo malo podría sucederle a los hijos de Jaldo, del juez de Ejecución, Gonzalo Ortega, y los fiscales Pedro Gallo, Carlos Sale e Ignacio López Bustos.
Al conocerse este hecho, la Policía realizó un operativo en la zona de Villa 9 de Julio. Al mando estuvo el jefe de la institución, Joaquín Girvau, quien acompañó al personal que detuvo a más de 40 personas y secuestró autos y vehículos. “Decidimos neutralizar cualquier posibilidad de que cumpla con la amenaza. Se detuvo a las personas vinculadas al sospechoso y además se le reforzó la custodia al gobernador y se les puso una consigna a los funcionarios judiciales”, sintetizó el titular de la fuerza.
No es la primera vez que Figueroa se ve involucrado en un ilícito de estas características. En enero de 2024, días antes de que comenzara a ser enjuiciado por tres homicidios, realizó amenazas contra los fiscales Sale y López Bustos, los fiscales que lo acusaban de tres crímenes. El ministro fiscal, Edmundo Jiménez, en un primer momento, pidió suspender los debates por falta de seguridad. Sin embargo, Jaldo ordenó a las autoridades del Ministerio de Seguridad para que los debates se realizaran.
CONDENADO. “Miguelón” Figueroa cumple sus condenas en el penal de Marcos Paz, en Buenos Aires.
Los investigadores sospechan que los destinatarios de los mensajes intimidatorios no fueron casuales. “Miguelón” siempre dijo que su caso era político y que, por orden de Jaldo, terminó siendo condenado. Sale y López Bustos (luego reemplazado en el expediente por Gallo) fueron los que llevaron adelante las acusaciones en su contra. En tanto que Ortega, que avaló el traslado de “Miguelón” a un penal federal de Buenos Aires, fue quien rechazó el pedido de autorización de traslado a la provincia.
