Una inspección oficial en la localidad de Ticucho, a orillas del lago El Cadillal, encendió las alarmas en el Gobierno provincial: se detectaron usurpaciones, construcciones ilegales y ocupaciones sin autorización sobre terrenos pertenecientes a la Nación y la Provincia.
El operativo, impulsado por la Fiscalía de Estado de Tucumán y ejecutado por distintas áreas estatales, dejó como saldo notificaciones de desalojo, remoción de alambrados y un detenido.
La zona, ubicada a unos 35 kilómetros de San Miguel de Tucumán y bajo jurisdicción de la comuna de Tapia, se perfila —según funcionarios— como un potencial foco de conflicto dominial, similar al que se vivió en El Cadillal. “Por la cantidad de irregularidades detectadas, Ticucho prometía ser el próximo gran escándalo inmobiliario. Pero el Estado está decidido a poner orden”, advirtieron desde la Unidad Ejecutora encargada del relevamiento.
Uno de los hallazgos más llamativos fue el emprendimiento clandestino “La Puerta del Sol”, una suerte de glamping —campamento de lujo— construido con cabañas en altura, amplios ventanales y vista directa al lago. El lugar, inaccesible para el público general y sin presencia en redes sociales, fue edificado en tierras estatales sin ninguna habilitación. Sus ocupantes fueron intimados a desalojar en un plazo de 10 días, bajo apercibimiento de que las estructuras serán demolidas.
La inspección también constató que en India Muerta, una franja que por ley debe estar libre de ocupación a 35 metros de la orilla del lago, había alambrados que cerraban el acceso público. Fueron retirados parcialmente y están en análisis los lotes pertenecientes a Adolfo López y a la granja ecológica “La Soñada”, cuyo titular, Víctor Montenegro, podría haber excedido los límites concedidos. “Está todo perfectamente cercado”, afirmó Montenegro, aunque el Estado investiga si invadió terrenos fiscales.
En otro sector, se detectó que un hombre apodado “Piquillín” había ocupado irregularmente un predio que pertenecía al club Scania, el cual ya había sido restituido a la Provincia. Su hijo fue demorado por entorpecer el procedimiento policial, y se les otorgó también un plazo de 10 días para abandonar el lugar.
Además, se inspeccionaron los terrenos de los clubes de pesca El Cardumen, con concesión vencida y bajo revisión judicial, y se intimó a los clubes Regatas y de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a regularizar su situación.
La situación de Ticucho es particularmente compleja: conviven reclamos de propiedad de la Nación, la Provincia y al menos tres particulares, entre ellos una familia que alega derechos ancestrales. El relevamiento, realizado con drones y verificación en campo por las direcciones de Catastro, Flora y Fauna, Recursos Hídricos y Turismo, dejó en evidencia una trama de superposiciones, construcciones fuera de lote y falsos cercamientos.
“Si existiera un VAR en cuestiones dominiales, aquí lo usaríamos hasta el cansancio”, ironizó un funcionario de Catastro.
El informe completo del operativo, que fue encabezado por la Fiscalía de Estado, estará disponible en los próximos días y definirá los pasos legales a seguir en cada caso. La prioridad ahora, remarcan desde el Gobierno, es recuperar el control sobre tierras fiscales y evitar una urbanización desordenada en una zona clave para el desarrollo turístico y ambiental de la provincia.
