El tercer juicio oral contra los integrantes de la llamada “banda de los narcopolicías” comenzó este lunes en Tucumán con una impactante revelación: la víctima principal reconoció haber firmado un acuerdo en el despacho de un defensor oficial federal con el objetivo de mejorar la situación procesal de los seis acusados. El pacto, ahora cuestionado judicialmente, generó fuertes sospechas de maniobras irregulares y abrió un expediente por estafa procesal.
El hecho ocurrió el 18 de febrero de 2022 en una finca de Leales, donde P.N., cuya identidad se resguarda por cuestiones legales, fue abordado por al menos cuatro efectivos policiales. Simulando un allanamiento por tenencia de plantas de marihuana para consumo personal, lo redujeron con armas, lo amenazaron y lo obligaron a subir a un vehículo.
Durante el trayecto, los supuestos narcopolicías hicieron varias paradas, incluyendo una estación de servicio y una plaza cercana a la base de Homicidios, antes de regresar a la casa de la víctima para exigirle dinero y entregarle el vehículo. Los hechos derivaron en una denuncia ante la ex Brigada de Investigaciones tras difundirse un video donde se reconocía a uno de los uniformados involucrados en otro robo.
Como resultado de la investigación, fueron detenidos Ricardo Rodríguez, Martín Romano, José Villa, José Gallo y Eduardo Agüero, todos vinculados a distintas fuerzas de seguridad. Daniel Villardón, otro presunto implicado, continúa prófugo.
En la primera audiencia del juicio, el fiscal Pablo Camuña interrogó a la víctima sobre la existencia de un acuerdo firmado en la Justicia Federal, donde presuntamente P.N. habría exculpado a los imputados. El hombre admitió haberlo hecho: “Lo único que quería era tener algo de paz… Desde que me pasó esto, no volví a tener tranquilidad”, confesó ante el tribunal conformado por las juezas Carina Farías, Cristina Giordano (que debutó como vocal subrogante en Tucumán) y Abelardo Basbus.
El fiscal Camuña considera que dicho acuerdo buscó manipular el proceso judicial, pese a que el procesamiento de los imputados ya estaba firme. Ante ello, el fiscal Agustín Chit presentó una denuncia que derivó en un nuevo expediente por presunta estafa procesal.
En la jornada inicial del debate oral declararon la esposa, el hermano y la cuñada del denunciante, quienes ratificaron la versión original de los hechos. También prestaron testimonio agentes de Gendarmería Nacional y de la Policía Federal, que validaron el operativo investigativo. Estos aportes consolidan la hipótesis de la fiscalía sobre la existencia de un grupo delictivo conformado por policías que secuestraban a presuntos narcos para extorsionarlos o directamente les robaban droga.
Durante el proceso surgieron conexiones con otras causas. José Villa, uno de los acusados, habría coordinado hechos similares junto al civil Luciano Campos, en complicidad con policías federales como Gonzalo Lagoria y Néstor Medina, y el provincial Jonathan Díaz, todos condenados por el secuestro extorsivo del familiar de un presunto narco.
Además, Martín Romano, también juzgado en esta causa, fue previamente condenado junto a Bruno Ciolfo y Gustavo Fernández por el asalto a Jorge Alejandro Nasif, un supuesto vendedor de drogas de Famaillá. En ese expediente, la fiscal Mónica García descartó la calificación de secuestro extorsivo y los condenó por robo, pese a los numerosos indicios de una maniobra más grave.
Con múltiples ramificaciones y vínculos entre fuerzas de seguridad y delitos federales, el proceso judicial promete revelar detalles sensibles sobre el accionar clandestino de uniformados dentro de estructuras estatales. El juicio continuará con nuevas audiencias en los próximos días, en las que se espera que la fiscalía formalice más acusaciones y solicite penas ejemplares.
