En una sesión marcada por fuertes cruces y discursos encendidos, el Senado de la Nación rechazó este miércoles la ley de Ficha Limpia, que buscaba impedir ser candidatos a cargos electivos y funcionarios públicos nacionales a quienes cuenten con una condena por corrupción confirmada en segunda instancia.
Los tucumanos Juan Manzur y Sandra Mendoza votaron en contra de la Ficha Limpia, en tanto que Beatriz Avila lo hizo a favor.
La senadora “Domacle” Mendoza de esta forma apoyó a su marido, Mellizo Orellana, que se encuentra condenado por abuso sexual y se sigue presentando como candidato.
El debate sobre el proyecto de ficha limpia finalmente concluyó sin aprobación. La sesión, que había generado altas expectativas tanto dentro como fuera del recinto, culminó con el rechazo de la iniciativa que proponía impedir que personas con condenas por delitos contra la administración pública pudieran postularse a cargos electivos o ser designadas en funciones públicas.
La primera en tomar la palabra fue la senadora cordobesa Alejandra Vigo, quien defendió con énfasis el proyecto, argumentando que “una persona con antecedentes penales evidentemente no puede ser candidata” y que la norma tenía como objetivo evitar el uso de los cargos públicos para obtener fueros e impunidad. Sin embargo, sus palabras no alcanzaron para revertir la decisión final.
El tablero de la votación
También desde Córdoba, la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero consideró que el proyecto representaba “un primer paso para recuperar la confianza de la ciudadanía”, y sostuvo que en Argentina “reina la impunidad”, por lo que era necesario enviar “una señal clara”.
Otras voces se alzaron en contra. La senadora fueguina Cristina López denunció que el proyecto buscaba proscribir a Cristina Kirchner, y cuestionó su legitimidad al señalar que “los organismos internacionales han sostenido que el derecho a participar se debe proteger incluso cuando hay procesos legales en curso”.
Desde Río Negro, Silvina García Larraburu criticó el espíritu del proyecto al afirmar que “se está proscribiendo la posibilidad del desarrollo científico y tecnológico”, mientras que su par cordobesa arremetió contra el kirchnerismo, acusándolo de haber protagonizado “una de las corrupciones más alevosas”.
El senador radical Flavio Fama intentó bajar el tono, subrayando que “ficha limpia no tiene que ser un botín de guerra”, sino una expresión de madurez política. Martín Goërling Lara, cercano a Patricia Bullrich, se mostró más frontal: “Este Congreso nunca más va a ser un aguantadero de condenados”, exclamó, aunque su optimismo sobre la aprobación de la ley finalmente no se concretó.
Por el lado del oficialismo, Eduardo “Wado” de Pedro denunció que la ficha limpia era “la culminación de un método mafioso de proscripción” y aseguró que incluso senadores que la apoyaban reconocían en privado que el proyecto era deficiente, pero lo votaban por “presión mediática”.
En tanto, Víctor Zimmermann, de la UCR, remarcó que la iniciativa no vulneraba el principio de inocencia porque se trataba de una norma de carácter electoral. Guadalupe Tagliaferri, con un discurso de tinte electoral, sostuvo que el proyecto respondía a “un reclamo genuino de la sociedad civil” y no debía ser capitalizado por ningún candidato.
Pablo Blanco ironizó sobre las demoras previas a la sesión y defendió la necesidad de impedir candidaturas de personas con causas abiertas, aunque consideró que, en un país ideal, la ley no sería necesaria. Luis Juez, en su tono habitual, afirmó que “ficha limpia es algo elemental” y lamentó que en Argentina se necesite legislar sobre algo que en otros países se da por descontado.
Martín Lousteau, por su parte, apoyó el proyecto aunque relativizó su impacto y cuestionó tanto a sus promotores como a sus detractores por caer en excesos retóricos. Reiteró que la iniciativa no violaba ninguna garantía constitucional, y acusó a quienes la rechazaban de querer proteger a dirigentes condenados.
La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, junto al secretario parlamentario de la Cámara alta, Agustín Giustinian
Anabel Fernández Sagasti advirtió que el proyecto era inconstitucional por su pretensión de aplicarse retroactivamente y lanzó: “Nos vemos en la historia”. Juan Carlos Pagotto, de La Libertad Avanza, se sumó al coro de quienes defendieron el texto como una señal ética, aunque reconoció que aún faltaban figuras penales clave.
José María Carambia denunció presiones políticas y exigió que se debatieran proyectos para aumentar las penas por corrupción, mientras que Alfredo de Angeli apuntó contra el kirchnerismo y admitió que la ley por sí sola “no alcanza”, pero que era un paso necesario.
Cerrando la jornada, Eduardo Vischi se refirió al texto como una “respuesta concreta a un reclamo legítimo de la sociedad”, mientras que Juliana di Tullio lo descalificó por considerarlo un intento de proscripción dirigido a una única persona: Cristina Kirchner. “Estamos proscribiendo a personas inocentes”, acusó.
Pese al encendido debate, las exposiciones no lograron torcer la correlación de fuerzas. La ficha limpia, al menos en esta versión, no consiguió la mayoría necesaria para avanzar. La sesión concluyó sin sanción y el proyecto fue finalmente rechazado.
