La Municipalidad de San Miguel de Tucumán denunció ante la Justicia penal un presunto fraude por $ 500 millones que comprometería a funcionarios de la gestión anterior, encabezada por Germán Alfaro. La acusación, presentada por la Fiscalía municipal, advierte sobre maniobras financieras irregulares con fondos provinciales transferidos en 2020, que habrían sido depositados en una cuenta bancaria no registrada en los sistemas oficiales del municipio.
La presentación fue formalizada en noviembre de 2024 ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, con el patrocinio del abogado Alfredo Falú. La denuncia surgió luego de que el Ministerio de Economía de la Provincia, a cargo de Daniel Abad, notificara a la intendenta Rossana Chahla sobre una deuda de $ 500 millones que la Capital mantenía con la administración central. Según los registros provinciales, estos fondos se habrían transferido mediante dos decretos firmados por el ex gobernador Juan Manzur en 2020.
Sin embargo, al revisar la contabilidad interna, las autoridades actuales solo encontraron registro de $ 250 millones, ingresados en dos transferencias de $ 125 millones cada una a una cuenta oficial del municipio. Esta inconsistencia activó una investigación administrativa que reveló una segunda cuenta en el Banco Macro —abierta a nombre de la Municipalidad pero nunca registrada formalmente— por donde habrían pasado otros $ 250 millones no reintegrables.
De acuerdo con el informe elevado por el fiscal municipal, Conrado Mosqueira, esta cuenta oculta recibió cuatro depósitos de $ 125 millones cada uno entre junio de 2020 y febrero de 2021. Fue abierta por pedido directo del entonces intendente Alfaro y tuvo como firmantes habilitados a los exsecretarios Luis Ocaranza (Gobierno) y Carlos Gómez (Economía y Hacienda).
La cuenta fue cerrada en noviembre de 2024, tras haber sido “vaciada”, según palabras textuales del escrito judicial.
“La cuenta no ingresó nunca al sistema contable ni financiero de la Municipalidad. Eso significa que $ 500 millones, equivalentes a unos U$S 3,8 millones de la época, desaparecieron sin dejar rastro documental en las finanzas municipales”, advirtió Mosqueira. Además, remarcó que el préstamo no contaba con aval del Concejo Deliberante, como exige la normativa vigente, por lo que todo el proceso carecería de legalidad institucional.
Este escándalo salió a la luz durante la reunión conjunta de los gabinetes de la Provincia y el Municipio, encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta Chahla. Allí se trató el reclamo de la deuda que la Provincia comenzó a descontar de manera automática de la coparticipación destinada a la Capital, una medida que, según el contador general Marcelo Albaca, no desfinancia al Municipio pero genera un fuerte impacto en sus cuentas corrientes.
“Es un financiamiento irregular que no tuvo aval legislativo ni control del Tribunal de Cuentas. Queremos saber cómo se autorizó y por qué no se detectó a tiempo”, planteó Albaca ante medios locales.
Ante la presunta falta de avances en la investigación judicial, Mosqueira adelantó que la Municipalidad evalúa constituirse como querellante para impulsar el proceso penal. El expediente ya está en manos del fiscal regional Fernando Blanno.
De confirmarse los hechos denunciados, este podría convertirse en uno de los casos de presunta malversación de fondos públicos más relevantes de los últimos años en la administración capitalina. La causa ahora está en etapa de evaluación de pruebas y cruces de información bancaria, mientras la Justicia debe determinar si hubo responsabilidades penales por la desaparición de los fondos.
