A seis años de la aprobación de un proyecto de ley contra los “vapeadores”, los legisladores instarán este jueves en el recinto de Muñecas al 900 para que el Poder Ejecutivo (PE) active esta norma.
En la sesión, que incluye una veintena de asuntos en el temario, se destaca la propuesta referida a los cigarrillos electrónicos, que cuenta con acuerdo del oficialismo y de la oposición.
“En buena hora que se puede volver a instalar la prohibición de algo tan perjudicial. La idea es equiparar (los vapeadores) a los cigarrillos tradicionales”, expresó el legislador Claudio Viña (Compromiso Tucumán). El opositor recordó que el cuerpo colegiado ya había aprobado en octubre de 2019 -a partir de una propuesta suya, entre otras incluidas en el dictamen- un proyecto contra el “vapeo”.
Aquella norma fue comunicada al Poder Ejecutivo, entonces a cargo del hoy senador Juan Manzur. Y aunque pasaron los años, el texto no fue numerado ni publicado en el Boletín Oficial.
¿Qué decía aquella normativa contra los cigarrillos electrónicos? En concreto, se trata de una modificación a la divulgada ley 7.575, sancionada durante el alperovichismo para establecer la prohibición a fumar en hospitales y clínicas, en escuelas, en locales de espectáculos cerrados o semicerrados, en medios de transporte público, en oficinas del Estado y en todo “lugar público o privado de uso público cerrado” (bancos, oficinas, bares, restaurantes, pubs, teatros y boliches, entre otros).
El texto aprobado en 2019 incorporaba a la Ley 7.575 la definición de cigarrillo electrónico o vapeador. “Es un dispositivo electrónico que utiliza una batería para calentar una solución líquida y convertirla en vapor. Está diseñado para la inhalación de sustancias como nicotina, aromatizantes y derivados químicos entre otras y puede, o no, asimilar a un cigarrillo convencional o a una pipa”, expresa. Y, en el párrafo donde consigna la prohibición de fumar tabaco en lugares cerrados, agrega “utilizar cigarrillos electrónicos y narguiles”.
La norma añade que, en los carteles previstos por la Ley 7.575, se debe añadir el impedimento a usar esos dispositivos, además del cigarrillo de tabaco. A ello se suma también la prohibición a “la importación, distribución, comercialización y publicidad o cualquier modalidad de promoción del cigarrillo electrónico en todo el territorio de la Provincia”. También se incorporaron sanciones para cada una de las eventuales infracciones.
“Como el tabaco, o más”
El legislador Gabriel Yedlin, presiente de la comisión de Salud Pública, había encabezado las reuniones con representantes de distintos sectores de la sanidad para avanzar con esta cuestión. Durante la tarea parlamentaria, los expertos advirtieron sobre los efectos nocivos de estos dispositivos y sobre el aumento del consumo entre adolescentes.
“Hay evidencias de que es muy dañino, muy perjudicial, muy adictivo, como el tabaco, quizás más; es muy carcinógeno”, afirmó el legislador peronista. Aclaró que “cada uno, en su ámbito privado, puede hacer lo que quiera, por supuesto”. “De todas maneras -inisistió Yedlin- también es importante que sepan que, aunque fumen en lugares abiertos, aunque fumen en sus casas, es dañino, es perjudicial, genera cáncer, problemas cardiovasculares, discapacidades severas tanto para quien fuma como para quien está al lado”.
El Ministerio de Salud Pública también dio su perspectiva. Ariela Tarcic, referente del Programa Antitabáquico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), fue una de las expertas que expuso ante los legisladores durante el análisis de la propuesta. Allí, advirtió que las partículas del “vaper” son “mucho más pequeñas” que las del cigarrillo común, por lo que “penetran más profundamente en el organismo”.
También representantes del Colegio Médico de Tucumán se habían expresado sobre este tema. “Frente a la proliferación del cigarrillo electrónico, es necesario avanzar con una regulación que contemple esta nueva problemática. Está demostrado que el ‘vapeo’ no es inofensivo: contiene nicotina, genera adicción y puede dañar pulmones, corazón y cerebro”, había dicho el titular de la entidad profesional, Héctor Sale, en una visita efectuada en abril pasado a la Legislatura.
