La tensión política escaló en Tucumán luego de que el gobernador Osvaldo Jaldo analizara la posibilidad de intervenir el municipio de Juan Bautista Alberdi, tras la difusión de un audio donde se escucha al intendente Luis “Pato” Campos en una conversación presuntamente relacionada con la comercialización de drogas. El mandatario provincial se mostró visiblemente molesto y delegó el manejo de la situación a sus ministros más cercanos, mientras el caso sacude a toda la administración.
El hecho se conoció esta semana y generó un impacto inmediato en el Gobierno. La reunión entre Campos y los ministros Darío Monteros (Interior) y Regino Amado (Gobierno y Justicia) fue tensa y tuvo lugar mientras Jaldo participaba en un agasajo con la prensa en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. A pocos metros, la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, preparaban los instrumentos jurídicos ante una posible intervención municipal.
La decisión final se definiría este lunes, luego de una reunión de gabinete. Allí, los ministros firmarían el decreto para avanzar con la intervención, que podría incluir la convocatoria a elecciones en un plazo de 120 días. En ese caso, se trataría de una intervención total, la medida más drástica dentro del abanico de opciones que se baraja.
Sin embargo, no se descartan alternativas menos severas: desde exigir un cambio de gabinete en el municipio hasta remover al intendente y que el Concejo Deliberante asuma el Ejecutivo de forma interina. Campos, al salir del Palacio de Gobierno el viernes, negó cualquier vínculo con el narcotráfico y reconoció que su voz es la que aparece en la grabación, aunque aseguró que se trata de una charla sobre un robo ocurrida hace un año.
La Constitución de Tucumán, en su artículo 139, establece que los municipios pueden ser intervenidos por ley ante casos de “grave desorden institucional” que pongan en riesgo la forma republicana de gobierno. La medida debe contar con aval legislativo y tiene un plazo máximo de 180 días. En este marco, Jaldo evalúa el respaldo político para avanzar. Incluso, sectores de la oposición —como el radicalismo— estarían dispuestos a presentar un proyecto de intervención si el Ejecutivo no lo hace.
Mientras tanto, el gobernador se refugió el fin de semana en Trancas, su ciudad natal, para analizar la situación. La actividad oficial prevista para ese viernes —una convocatoria en la Casa de Gobierno— fue suspendida, y varios funcionarios se trasladaron directamente a la inauguración de la Expo Láctea 2025 en Trancas, sin la presencia del jefe del Ejecutivo.
El clima político se vio alterado también por otra demanda del interior tucumano. La intendenta de Tafí Viejo, Alejandra Rodríguez, solicitó asistencia financiera para afrontar los salarios municipales, luego de que un embargo por deudas con la Dirección General de Rentas complicara las cuentas locales. Tras el levantamiento del embargo, el fiscal municipal Víctor Schedan denunció supuestos favoritismos del Gobierno hacia otros municipios como Banda del Río Salí y habló de “asfixia financiera” y “discrecionalidad política”.
Pese a las acusaciones, Jaldo autorizó el jueves pasado un anticipo de $ 400 millones correspondientes al Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) del mes de mayo, para cubrir los compromisos salariales de Tafí Viejo. “No asfixiamos a nadie; siempre tuvimos voluntad de ayudar”, afirmaron desde el entorno del gobernador.
Así, el Gobierno provincial transita un momento de alta sensibilidad política. Mientras la Casa de Gobierno define una decisión clave sobre Alberdi, también intenta contener tensiones en otros puntos del territorio tucumano, en un contexto donde los reclamos municipales y los escándalos de gestión se entrecruzan con la institucionalidad provincial.
