Mónica García de Targa sospecha que la organización investigada se dedicaba al traslado de grandes cantidades de drogas, por lo que considera que el caso que sacudió a Tucumán debiera ser investigado por la Justicia Federal.
La fiscala Mónica García de Targa, a cargo de la investigación del escándalo por presunta corrupción en la obra pública y posible venta de drogas que devino en la intervención del Municipio de Juan Bautista Alberdi, solicitó que la causa pase a manos de la Justicia Federal, ante las sospechas de que la supuesta organización de exfuncionarios y empresarios ligados a la obra pública podría estar implicada en el narcotráfico, es decir el traslado de cantidades importantes de drogas.
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Este sábado, el periodista Gustavo Rodríguez informó en La Gaceta que el auxiliar Bernardo Sassi solicitó tras una audiencia de nueve horas que el expediente pase a la Justicia Federal: esto fue rechazado por los defensores de los acusados y por el juez Fabián Rojas, quien consideró que ese requerimiento debía ser elevado en otro momento.
Tras la viralización del audio que sacudió a Alberdi y la política tucumana, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz inició una investigación paralela a la de la Justicia provincial, donde se repiten los implicados, pero se investigan delitos diferentes.
El juez Vehils Ruiz sospecharía que el exintendente Luis Campos; su esposa, la exintendenta y actual legisladora Sandra Figueroa; el exsecretario de Hacienda José Roldán y el supuesto empresario Roque Chipi Giménez podrían haber montado una organización para el lavado de activos y la confabulación en el tráfico de drogas.
Por ello, el fiscal federal solicitó la detención de los tres sospechosos, pero el pedido fue rechazado por el juez José Manuel Díaz Vélez.
La misma acusación planteó García de Targa contra Roldán, José Cucha Mota Funez, el exsecretario de Desarrollo Social, Pablo Maceta Barrionuevo, y el exconcejal Albano Loru, los últimos detenidos en la causa. Chipi Giménez también está detenido preventivamente por intimidación pública e instigación a cometer ilícitos.
De momento, Pato Campos es investigado por intimidación pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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