La fiscal Mónica García de Targa solicitó que la causa pase al fuero penal. Cuáles son sus argumentos y quiénes son los cuatro exfuncionarios detenidos.
Hoy es un día clave para la causa que investiga el escándalo narco en Alberdi. El juez Fabián Rojas deberá resolver si el proceso pasa al fuero federal. Se investigan los vínculos con el narcotráfico y maniobras de lavado de dinero que involucran al exintendente Luis Campos.
Fue la fiscal Mónica García de Targa quien solicitó que la causa pase a la Justicia Federal.
Lo que comenzó como una causa por intimidación pública derivó en un complejo entramado que, según la acusación, expone el funcionamiento de una organización criminal con conexiones institucionales, dedicada a la venta de drogas, el lavado de activos y el manejo irregular de fondos públicos.
Todo empezó con un audio.
Con el avance de la investigación, fueron detenidos cuatro exfuncionarios municipales: José del Carmen Roldán (exsecretario de Hacienda), Pablo “Maceta” Barrionuevo (exsecretario de Acción y Desarrollo Social), el exconcejal Albano Loru, y el gremialista José “Cucha Mota” Funez.
La fiscal sostiene que todos integraban una red delictiva que se beneficiaba económicamente por medio de contratos municipales, eventos públicos y hasta imprentas familiares.
Entre las maniobras denunciadas, figuran pagos millonarios a “Giménez Producciones”, transferencias a la imprenta de la hija de Roldán, y obras públicas de dudosa ejecución, como la Sala Velatoria, el Mercado Municipal y el Centro Cultural. Solo Giménez, según el expediente, habría cobrado más de $500 millones en contrataciones bajo sospecha.
García de Targa argumentó que la complejidad y dimensión de los hechos excede a la jurisdicción provincial. Citó como ejemplo la dualidad procesal de Funez: procesado como parte de la banda en la justicia ordinaria y testigo en la federal. También subrayó que se han realizado allanamientos y secuestros de pruebas duplicados, lo que puede entorpecer la causa.
“El grupo investigado mantendría poder incluso tras la intervención del municipio”, alertó, en referencia a maniobras para demorar oficios judiciales o borrar evidencia, que refuerzan, a su criterio, la necesidad de una única investigación bajo el fuero federal.
Además, la fiscal introdujo una nueva lectura del audio original, donde se mencionan expresamente presiones sobre la Policía y posibles homicidios. “Eso configura un entramado criminal con incidencia estructural en el Estado local”, advirtió.
