En medio de una convulsión política por la gravedad institucional del caso, el presidente de la Cámara Baja de la provincia de Buenos Aires, Manuel Mosca, solicitó este lunes a la fiscalía platense de Álvaro Garganta que se investigue el delito de coacción agravada y extorsión en su contra.
El legislador macrista, marido de la senadora Gladys González y mencionado en su momento para el recambio en el ministerio de Seguridad provincial, realizó el pedido por sentirse “víctima de una maniobra, iniciada en diciembre 2018, en torno de una supuesta denuncia de acoso sexual” que lo expondría como responsable.
El expediente ya está en conformación en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N11.
Además de la presentación judicial, Mosca pidió una licencia por 60 días, sin goce de haberes, a su banca de diputado. En el mismo acto, solicitó su desafuero al cuerpo legislativo “a efectos de facilitar el normal desenvolvimiento de cualquier proceso judicial”.
La licencia tendrá aprobación inmediata. El desafuero requiere aprobación de la Cámara. Ese debate tiene fecha: el 9 de mayo. Requiere mayoría calificada (dos tercios). La legislación prevé esa aprobación para casos propios, inherentes a la función de legislador. No para episodios de delitos comunes sin condena, al menos de primera instancia. El dato es que hasta ahora no hay denuncia en contra de Mosca.
¿Por qué forzó entonces esta situación el presidente de la Cámara?. Supone la existencia de un plan para exponerlo en una situación incómoda, “inventada”, en medio de un proceso electoral. Y, según sus voceros, porque se trata de un aspecto “mortificante” en términos personales la presencia de amenazas.
En la presentación se adjuntaron los nombres de 50 personas del ámbito político, de su entorno personal, y hasta algunos periodistas, quienes le habrían expresado de diciembre hasta ahora, haber sido contactados por diferentes vías “para ofrecerles participar de una denuncia contra él o, en el caso de los medios, darle difusión anticipadamente a la noticia de una denuncia”.
“Manuel acaba de presentar una denuncia ante el Poder Judicial y siente que no es justo hacerlo siendo titular de otro poder del Estado”, insistieron en las cercanías de Mosca.
Entre los nombres que menciona para ser citados por Garganta, se encontrarían funcionarios y legisladores aún del ámbito nacional, concejales, funcionarios de la Cámara que preside, secretarias y empleados entre ellos.
Es la segunda presentación judicial de Mosca sobre este tema. La anterior fue en diciembre, a partir de los primeros mails intimidatorios, recibidos en la presidencia de la Cámara.
Con la aprobación de la licencia, asumirá la presidencia Marisol Merquel, de la sexta sección electoral y representante de PJ Unidad y Renovación, que responde a los intendentes partidarios.
