En el horizonte, aparece la necesidad de cerrar un acuerdo por USD 66.800 millones para que Argentina no caiga en el noveno default oficial de su historia, luego de la última que tuvo como protagonistas a los fondos buitres durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Frente a esto, se vislumbran tres alternativas. La primera pasa por aceptar, al menos en parte, las exigencias de los bonistas más duros, dejando de lado los “consejos” del FMI acerca de la inviabilidad de poder afrontar la deuda en los términos en los que está. Esto significa que los bonistas quieren tanto reestructurar teniendo a su favor un cupón exportaciones y un pago de intereses del período 2020. El problema es que el Gobierno ofrece solo una de las dos.
La segunda alternativa pasa por el hecho de aplicar la “cláusula de reasignación”, que significa que Argentina se deberá preparar para una nueva y dura pelea internacional con los acreedores que no acepten la oferta argentina. Esta cláusula implica que la Nación tiene derecho de “reasignar” bonos, excluyendo del acuerdo final a aquellos títulos públicos donde no se logró llegar a un acuerdo, el cual le impida llegar a un mayor porcentaje de aceptación total por encima del 75%.
Finalmente, la tercera y última alternativa pasa por intentar convencer al tenedero de bonos más importante, BlackRock. Para ello, el Gobierno deberá apelar a la intercesión de la Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos, es decir, deberá contar con la ayuda de Donald Trump. Esto se debe a que el presidente norteamericano es amigo del titular de BlackRock, Larry Fink, alguien que podría convertirse en funcionario en caso de que el republicano obtenga la reelección este año.
Un último escollo debería atravesar Alberto Fernández. Y es la aprobación de cualquiera de estas ideas por parte de la vicepresidenta, Cristina Kirchner. Y es que no son pocos los que se envalentonan con mostrase duros frente a los acreedores privados internacionales y caer en default.
Se trata de los creyentes de la agrupación “La Cámpora” que sueñan con “vivir con lo nuestro”, cuando el país está sumergido en una profunda recesión. Pero el mayor peligro y lo que la gente de a pie desconoce, es que el default perjudica a la empresa privada ya que le imposibilita conseguir crédito fuera del país. Lo que significa más pérdida de empleos por parte de empresas locales que se encuentran contra las cuerdas por efecto de la pandemia mundial de coronavirus. Lo cual se agravó por una cuarentena que está cerca de cumplir los 100 días desde su decreto.
