Lázaro Báez apeló la negativa del Tribunal Oral Federal 4 a su excarcelación, después del rechazo para reducirle la fianza de $632 millones para otorgarle la prisión domiciliaria. El empresario K es juzgado junto a otros 24 imputados en el proceso por lavado de dinero conocido como “La ruta del dinero K”, que se reanudó de manera virtual.
Los abogados del dueño de Austral Construcciones piden la reducción del monto de la caución que le fijaron para que obtenga la prisión domiciliaria. Aunque le otorgaron el beneficio no se efectivizó porque no lo abonó, ya que la defensa asegura que el empresario no cuenta con esos fondos.
La prisión domiciliaria se la otorgaron en la causa conocida como “M&P”, por presunto lavado de dinero. Ya fue excarcelado en la causa de La ruta del dinero K, y obtuvo el arresto domiciliario en la investigación por la compra de un campo en Uruguay. Está detenido desde hace cuatro años y medio con prisión preventiva, cuando la ley no permite más de tres.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal debe definir sobre la caución que debe pagar Báez. Se trata del mismo tribunal que revocó una decisión del tribunal, que le negó el arresto domiciliario.
El empresario es juzgado junto a sus cuatro hijos y otros 20 acusados por La ruta del dinero K, proceso que se reanudó en forma virtual por videoconferencia por orden de Casación después de estar suspendido desde marzo, a partir de la cuarentena por coronavirus.
Los jueces Néstor Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti se conectaron por vía remota al igual que el fiscal Abel Córdoba, las querellas de la Oficina Anticorrupción, las defensas y algunos de los acusados como hijos de Báez, Melina y Leandro.
Además de Báez y sus hijos, entre los acusados están su excontador Daniel Pérez Gadín, el financista Federico Elaskar y el “valijero” arrepentido Leonardo Fariña, en la causa por maniobras de lavado de activos por millones de dólares provenientes de la obra pública en Santa Cruz durante el kirchnerismo.
En el proceso se juzgan tres hechos de presunto lavado de dinero que en total suman U$S60 millones. El primero consiste en los U$S5.100.000 con los que fueron filmados Martín Báez, Pérez Gadín y otros acusados en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita”. La filmación, difundida por Telenoche, es una de las pruebas que existen de que desde la financiera se contaban millones de euros, dólares y pesos que iban y venían en bolsos y valijas que transportaba Fariña.
El segundo involucra a U$S32.800.000 que salieron del país y que volvieron en títulos de la deuda pública a la empresa “Austral Construcciones”. El tercero es la adquisición de propiedades y autos que pudieron haberse comprado con el dinero que se blanqueó, y que pudo haber formado parte de los fondos de obra pública con los que se benefició Austral.
