La decisión del gobernador, Juan Luis Manzur, de proponer al actual juez de Instrucción Facundo Maggio como vocal del Tribunal de Impugnación (órgano equivalente a la Cámara de Apelaciones a partir de la reforma judicial) suma cuestionamientos en mesa de entradas de la Legislatura.
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Esta vez, quien expresó sus objeciones por el pliego fue el abogado Oscar López, quien fue uno de los denunciantes en la causa penal que investigaba el presunto uso irregular de los subsidios legislativos (conocidos como “gastos sociales”) en la previa a la campaña electoral de 2015.
El traslado de los fondos millonarios en valijas, de un banco a la sede de la Legislatura -revelado por LA GACETA-, derivó en una serie de procesos judiciales. Entre ellos, una causa penal en el fuero provincial que fue archivada por el propio Maggio, a instancias del requerimiento elevado por el fiscal de Instrucción Claudio Bonari.
Según el denunciante López, ni Manzur ni los legisladores deberían darle curso al nombramiento de Maggio puesto que, a su entender, el magistrado “los ha beneficiado personalmente con una sentencia penal de sobreseimiento”.
El impulsor de la impugnación, que debe ser analizada por la comisión de Peticiones y Acuerdos, sostuvo su hipótesis de que los $615 millones ejecutados como “gastos sociales” en 2015 fueron destinados a solventar la campaña del oficialismo.
“La totalidad de los tucumanos, con excepción del impugnado juez Maggio, hemos sido testigos de que el poder político, previo a las elecciones, ya sean PASO, generales, nacionales o provinciales, efectúan ingentes compras de mercaderías que transportan a galpones, donde la transforman en bolsones electorales, y distribuyen a cambio del voto, durante el transporte que efectúan en una flota multitudinaria y costosísima de vehículos de toda laya y pelaje de Tucumán”, sostuvo López en su presentación.
Según su criterio, desde el Tribunal de Impugnación el magistrado objetado tendrá el rol de “garantizar la impunidad” del poder político ante posibles sucesos similares.
El nombramiento de Maggio ya había sido blanco de cuestionamientos por parte de organizaciones de derechos humanos y del abogado penalista Gustavo Morales.
