Personal del Ministerio Público Fiscal se hizo presente esta mañana las oficinas de Ricardo Bussi en la Legislatura para realizar una inspección judicial.
La tarea se realizó en el marco de la investigación de una grave denuncia por abuso sexual contra Bussi, realizada por una joven de 26 años.
El allanamiento se realizó en momentos en que los legisladores se encontraban en sesión en el recinto legislativo.
El abogado de “Lupe”, la joven de 26 años que denunció por abuso sexual al legislador Ricardo Bussi, indicó además que ayer se amplió la denuncia en el Poder Judicial y se pidió el desafuero del parlamentario.
“Esperamos que se agilice el desafuero, que no haya más protección política en la Legislatura, para poder investigar. Por otra parte, ’Lupe’ entregó a la justicia la ropa que usaba en el momento del hecho, ocurrido en el despacho del legislador Bussi”, explicó el doctor Salvador Iovanne.
En tanto, la Multisectorial de Mujeres de Tucumán presentó un pedido en la Legislatura e inició una junta de firmas para que se aparte a Bussi de su banca hasta que se esclarezca la causa en su contra por presunto abuso sexual.
“Los parlamentarios no pueden hacer oídos sordos a una denuncia tan grave. En el caso de Bussi no hay opiniones ni pronunciamiento alguno; es como si nada hubiese ocurrido”, dijo a Radio Prensa Victoria Disatnik, referente de la Multisectorial.
En concreto, desde este sector piden que se otorgue la licencia inmediata al legislador republicano al mismo tiempo que se profundice la investigación por la denuncia de abuso sexual.
Bussi fue denunciado por abuso sexual en contra de una joven que habría sido encerrada por él en su oficina parlamentaria y obligada a practicarle sexo oral durante los primeros días del mes de marzo.
Además, los datos personales de la víctima habrían sido usados para abrir una cuenta bancaria donde se giraron abultadas sumas de dinero, sin que aún Bussi haya dado explicaciones en la justicia.
La denuncia que investiga la Justicia contra el legislador Ricardo Bussi tiene varios capítulos: abuso sexual, amenazas de muerte e ilícitos bancarios de Fuerza Republicana en los que habrían participado policías retirados.
