Parecería que el Gobierno nacional, lejos de renegar de su esencia populista, buscó confirmarla con su avance contra la Justicia. Con la modificación de la estructura general del fuero judicial, apunta más alto todavía con la posibilidad de modificar de forma sustancial la Corte Suprema. Ya sin tapujos, referentes del oficialismo comienzan a dar cuenta de los planes que tienen prevista implementar para el máximo tribunal argentino.
La senadora nacional por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti adelantó la idea de ampliar la Corte Suprema para que tenga nada más ni nada menos que 13 integrantes. Por lo que reeditar la mayoría automática de la que gozó el menemismo, está a la vuelta de la esquina, ya que se tratará de buscar a los jueces amigos o apenas marionetas que servirían al Poder Ejecutivo para cumplir con la voluntad del mandatario de turno.
Así sucedió en Venezuela, cuando Hugo Chávez creó un poder judicial en que los jueces eran magistrados provisorios y cuya permanencia dependía del Poder Ejecutivo o de los legisladores de un Congreso dominado por el oficialismo. Algo parecido ocurrió en Bolivia, en donde el titular del máximo tribunal local fue un amigo del entonces presidente Evo Morales. Quien trascendió por tomar las decisiones al arrojar una hoja de coca y decidir en base a cómo caía esta.
Los cacerolazos que se dieron lugar tras la presentación de la mentada reforma judicial evidenciaron el malestar de buena parte de la sociedad. Y es que a la opinión pública no le resulta casualidad la premura con la que desde el oficialismo se intentará modificar la Justicia independiente entre gallos y medianoches. Cabe recordar que el propio Alberto Fernández dijo desde los tribunales se implementó una persecución política contra Cristina Kirchner.
Por lo que todos los cañones apuntarían al poder modificar la Corte, tras no poder controlarla. Lo que degeneraría todavía más la poca institucionalidad que existe en Argentina. Mientras tanto, en el día de ayer el Consejo de la Magistratura encargado de la selección de los jueces, hizo lugar a un planteo del oficialismo y revisará el lugar que ocupan más de un centenar de magistrados, entre ellos, varios que investigaron a la vicepresidenta.
El grupo que asesorará al Poder Ejecutivo a la hora de diseñar el bosquejo que buscará modificar la Justicia, cuenta con el propio abogado defensor de Cristina Kirchner. Esto se trata de un espectáculo dantesco cargado de cinismo y hambre de control de todo lo que sea o pueda rebelarse como díscolo. En este marco, la oposición hace poco y nada por oponerse a lo que puede ser el principio del fin de la República tal cual la conocemos.
Todo parece indicar que será la sociedad que nuevamente tendrá que protagonizar al dique de contención del renovado “vamos por todo” que pretendería implementar este gobierno. Tal cual como sucedió con el intento de expropiar la empresa cerealera Vicentin. De momento, para mañana sábado 1° de agosto está prevista una convocatoria y movilización para protestar en contra de este avance del oficialismo sobre la Justicia.
