Se levantó la feria judicial extraordinaria y la Corte va a empezar a sacar fallos. Son las sentencias el lenguaje que habla la Corte y con el que se hará escuchar ante la iniciativa del Gobierno de convocar a un comité de expertos para reformarla.
Sin que signifique una declaración de guerra, sin ánimo belicoso, sin que nadie se pinte la cara, todavía, pero afilando la lapicera, la Corte tiene en sus manos la posibilidad de hacer sentir el peso del Poder Judicial. No hay clima de irracionalidad, para una pelea hacen falta dos, pero Mauricio Macri ya probó ese jarabe apenas asumió y ahora los cortesanos preparan otra a dosis para Alberto Fernández. No para romper las lanzas, no, pero si para que quede claro el rol de cada poder del Estado.
El de la reforma es un proceso largo, por eso también será larga la etapa cortesana que comienza esta semana en la Corte, cuando se encamina a duplicar su producción de sentencias. No está en carpeta el caso de la reforma del Consejo de la Magistratura, que con un fallo favorable de la Corte, convertiría a su presidente Carlos Rosenkratz, en titular de ese cuerpo, pero nunca falta un expediente atrasado que revisar.
La Corte Suprema se enteró apenas unas horas antes de que el Gobierno iba a formalizar el anuncio de un comité asesor para reformarla. Lo consideran casi como una tomadura de pelo. Esos no son buenos modos entre las cabezas de los poderes del Estado. Los invitaron, los llamaron uno por uno, pero los jueces de la Corte, sin ponerse de acuerdo previamente, y cada uno según su convicción, rechazaron el convite. La única que aceptó fue Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta que llegó a cortesana por obra de Alberto Fernández, cuando era jefe de Gabinete de Néstor Kirchner.
Los jueces de la Corte ya entendieron el lenguaje que habla Alberto Fernández, avanza sin consultar, como cuando -antes de la pandemia- desmanteló el sistema de jubilaciones de los jueces. Los cortesanos llegaron con lo justo, para no ser alcanzados por los cambios. Con el mismo ímpetu prometió ir ahora contra la propia Corte y el fuero federal. La Corte le respondió con números: dijo que dicta sentencias cuatro veces más que antes, pero son variables cuantitativas que el kirchnerismo no mira. Solo las cualitativas que de refieren a los recursos pendientes de Cristina Kirchner en la Corte.
Algunas voces en la Corte prevén que los relaciones distantes entre los jueces -físicamente por la pandemia y políticamente por las pujas de poder internas- se pueden estrechar, al estar frente a un adversario común que pretende desmantelar su actual mecanismo de funcionamiento, donde solo tres votos bastan para llevar el rumbo en decisiones de Estado con profundas consecuencias que impliquen cambios económicos, del humor social y hasta profundos cambios culturales.
Pero peor que una alianza táctica, es en todo caso el hecho de que cada juez desde su vocalía, no está conforme con cómo se están dando las cosas para reformarlos. No va a ser necesario que firmen la paz u olviden sus diferencias, alcanza con que miren para adelante lo que les espera para cohesionarse. La distancia social impuesta por el coronavirus ayuda, porque no serán necesarios abrazos ni apretones de manos que dejen de lado viejas rencillas.
Carlos Rosenkranzt y Elena Highton en Buenos Aires al igual que Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti en Rafaela y Horacio Rosatti en Santa Fe no se ven las caras desde hace meses, pero ahora tienen un objetivo en común. Mientras tanto están a la expectativa porque ninguno sabe lo que va a pasar, nadie sabe que están planeando en el Gobierno, más allá de que esta movida es una demanda de Cristina Kirchner. Lo que arrancó como una iniciativa del krichnerismo que iba a generar presión sobre la Corte ahora quedó diluido en una comisión consejera que realizará un dictamen sin fecha cierta de presentación.
Los tiempos en que trabajara el Comité de Expertos generan dudas en la Corte de que su dictamen se transforme en una ley y muchas más dudas de que pueda aprobarse. Porque no dan los tiempos académicos para elaborar semejante propuesta técnica, antes de fin de año, ni los tiempos políticos para transformarla en un proyecto de ley y mucho menos aprobarla antes de las elecciones del 2021. Y otro cantar será luego que con una Corte ampliada en los papeles el oficialismo consiga los candidatos y los votos que le faltan en el Senado para nombrar a los nuevos jueces.
Los altos magistrados de la Corte miran con cierto recelo a los integrantes de la comisión responsable de reformar su propio funcionamiento. Consideran que si bien algunos tienen trayectoria universitaria y profesional, en algunos casos, les falta volumen académico para encarar una modificación de la arquitectura institucional de semejante magnitud. La Academia no está acabadamente representada, interpretan en la Corte y leen a los más destacados constitucionalistas del país escribiendo columnas en los diarios y no escribiendo el dictamen que recibirá Alberto Fernández.
Los procesos de cambio del fuero federal tampoco fueron consultados con la Corte. Su implementación requiere de un gigantesco esfuerzo institucional y económico como el que el implica la creación de 216 cargos de jueces y 107 de defensores y fiscales, y darles un lugar dónde trabajar. Los nuevos 23 jueces federales no tienen lugar para instalarse en el abarrotado Comodoro Py 2002. Y todo para darle forma a un fuero donde se busca eliminar la judicialización de la política, pero que no resuelve los problemas de la gente. No es el camino que imaginan en la Corte para reconciliar a la Justicia con la sociedad.
