Opnión: “Lo que nos dejó la semana”
La división de poderes en una República tiene el propósito de que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se controlen mutuamente. Pero en Tucumán, lejos de cumplir con lo que manda la Constitución Nacional, se teje un entramado de manejos espurios que da cuenta de la debacle institucional a la que asistimos en medio de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, hay pestes peores y lo que sucedió el jueves en la Legislatura provincial es un ejemplo de ello.
Y es que la Comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura, presidida por la legisladora Sandra Mendoza, se reunió con el fin de entrevistar a los candidatos preseleccionados mediante concurso por el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), los cuales, fueron elegidos previamente por el Poder Ejecutivo, a cargo del gobernador Juan Manzur. El objetivo fue el de cubrir las vacantes en la Justicia de Tucumán. Sin embargo, un detalle no debió haber pasado desapercibido.
Y es que uno de los integrantes de esta comisión, es el legislador y ex intendente de Tafí del Valle, Jorge Manuel Yapura Astorga. El problema es que se trata de alguien que está cursando una situación procesal que lo tiene con una causa elevada a juicio oral por hechos de Corrupción, con fallo unánime por la mismísima Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Y, tal como se describió desde este medio en anteriores oportunidades, se debe a que carga con graves acusaciones en su contra.
El legislador oficialista, Jorge Yapura Astorga, junto con otros siete coimputados de su entorno, entre ellos, su concubina, Nerina Julieta Mustafá, su hijo, Jorge Eduardo Yapura Astorga, su sobrino, el abogado Sergio Andres Astorga, la presidenta del Concejo Deliberante de Tafí del Valle Sonia del Carmen Saavedra. Yapura Astorga se encuentra acusado de haber cometido los siguientes delitos. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ART. 268 (2), PRIMER PÁRRAFO CP) Y COAUTOR DE LOS DELITOS DE INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO (ART. 248 CP); NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES CON EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS (ART. 265 CP); FRAUDE EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (ART. 173 INC. 7 Y ART. 174 INC. 5 CP); MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS (PECULADO) (ART. 261 CP) Y ASOCIACIÓN ILÍCITA (ART. 210 CP).
Teniendo en cuenta lo anteriormente descripto, cabe preguntarse ¿Cómo es posible que alguien con causas procesales pendientes por delitos de Corrupción puede estar en condiciones de elegir jueces? Sobre todo, en el caso del titular del Juzgado de Instrucción de la II Nominación del Centro Judicial de la Capital, Facundo Maggio. Y es que este magistrado logró el dictamen de su pliego y será ratificado en el recinto de la Legislatura la semana que viene.
Justamente y gracias al voto también de Yapura Astorga, entre otros, Facundo Maggio asumirá un tribunal clave. Se trata del Tribunal de Impugnación de la Capital, que desempeñará un papel muy importante en los procesos judiciales del fuero local. Esto se debe a que se trata de un órgano que remplazará a la vigente Cámara de Apelaciones, que tendrá a su cargo la revisión de la totalidad de las resoluciones de las instancias previas, tales como el dictado de prisiones preventivas y los requerimientos de elevación a juicio.
El Juez Maggio integrará un tribunal importantísimo en lo que hace a todas las causas de corrupción que se tramiten en el fuero local. Justamente, es el caso del legislador Yapura Astorga, cuya causa se encuentra elevada a juicio oral y público acusado de cometer actos de corrupción. Esto despierta lógicas suspicacias debido a se podría esperar tal vez, de aquí en más, una devolución de gentilezas por parte de Facundo Maggio.
La titular de la Comisión de Peticiones y Acuerdos de la Legislatura, Sandra Mendoza, ¿tendría que haber permitido que este legislador cuestionado por haberse enriquecido ilícitamente con el erario público, como es el caso de Jorge Yapura Astorga, votara la elección de jueces?, ¿sería ético que este legislador imputado penalmente, tenga el poder de elegir magistrados?, ¿y los integrantes de la oposición en dicha comisión?, los legisladores José María Canelada y Federico Masso que rechazaron el pliego que el gobernador Juan Manzur envió a la Legislatura de Tucumán, ¿acaso no es “curioso” que tampoco dijeron nada del imputado legislador que votó en esa comisión?, la verdad que llama mucho la atención el silencio de la oposición con el tema de Yapura Astorga, ¿será que entre “colegas de recinto” no se pisan la manguera?. ¿Acaso no sería moral y éticamente correcto apartarlo de la votación que ungió a Facundo Maggio como próximo juez a cargo de un tribunal clave a los intereses del ex intendente de Tafí del Valle?. Pero la presidenta de esta comisión forma parte del partido gobernante y no habría obrado como debía.
Entonces, ¿Qué podrá esperar la ciudadanía de aquí en más? ¿Acaso se producirá ahora una devolución de favores? ¿La misma estará amparada por el Poder Legislativo que permitió a Yapura Astorga, acusado por casusas de corrupción, elegir a jueces que a posteriori definirán tal vez, sobre su futuro procesal o el de los demás integrantes de la causa? Nadie le podrá negar al sindicado la espera de una devolución de gentilezas. Nadie podrá hacerse el sorprendido si es que eso ocurre finalmente.
Entender que es lo que pasa en Tucumán, resulta difícil, la democracia sería un idealismo platónico en estas tierras, quizás esto parezca inentendible, algún día cuando la historia nos ponga de frente con eso que llaman democracia, sabremos todo lo que hemos perdido en todo este tiempo.
En el año 2015, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, decía que “Tucumán aún integra el lote de provincias más atrasadas en materia de leyes que tiendan a la transparencia pública. El informe de ACIJ la ubica “en rojo” junto a otros 11 distritos: Jujuy, Catamarca, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
Lo planteado en el párrafo anterior, queda plenamente demostrado porque uno de los integrantes de la Comisión de Acuerdo y Peticiones de la legislatura provincial, es nada más y nada menos que el legislador Jorge Yapura Astorga, el mismo legislador que obtuvo, gracias a la mano que le dieron sus amigos, la honorable responsabilidad de ser un representante del pueblo tucumano, seguramente sus pares se deben sentir orgullosos por tener a una personalidad tan relevante entre sus miembros.
Tucumán es solo una ilusión de democracia, ya que personajes como este legislador imputado penalmente, tienen la libertad de elegir a los jueces que tal vez algún día lo deberán juzgar.
Es el único lugar donde estos hechos se pueden dar sin que ninguno se ruboricen ni si quiera un poco, como dice un refrán popular, “en esta provincia somos el único lugar que pone un zorro a cuidar a las gallinas”.
Cuando decimos que sus pares se sienten orgullosos de tenerlo en sus filas, me refiero a que ni siquiera los legisladores que se dicen ser oposición repararon en algo tan importante y trascendental para el pueblo que dicen representar, pedir que se respete algo que se llama Ética Publica, ¿o acaso alguno duda de que el legislador cuestionado tiene una causa penal en trámite?, ¿quizás no lo sepan?, ¿o será porque viven en una burbuja, en el Palacio de Las Leyes?.
Thomas Jefferson fue igualmente categórico en su manual de práctica parlamentaria: “Cuando un miembro tenga intereses económicos en el asunto de que se trata un proyecto o una cuestión parlamentaria, debe retirarse del recinto”.
Pero esto a quien le interesa, verdad?
El escaso desarrollo institucional del Parlamento en la República, obedece a las mismas causas que observamos en los diferentes países de América Latina. Esa debilidad institucional tiene su raíz en el accidentado proceso histórico político que estos pueblos han venido atravesando desde su Independencia. La no consolidación del régimen democrático ha impedido un desarrollo parlamentario poco aceptable.
Otro aspecto que constituye uno de los grandes problemas institucionales de América Latina y que afecta sensiblemente los procesos de reforma y modernización del Estado es la marcada debilidad de los órganos legislativos respecto al Poder Ejecutivo. A esta falla institucional se le agrega la falta de una profesionalización del cuerpo legislativo, lo que se traduce en una eficiencia y una eficacia completamente insuficientes. Esta ha sido una constante histórica en la mayoría de los países de América Latina.
La función legislativa se ha ejercido como una función supletoria del activismo político, y no como el claro ejercicio de una representación fundamental para el funcionamiento de un poder del Estado y de toda la estructura jurídico-política que prescribe la Constitución política que rige la nación.
Toda esta debilidad de los congresos y parlamentos se expresa sobre todo en la insuficiencia de su legitimación representativa y ello es lo que ha provocado la confusión sobre el concepto de toda la sociedad. Esta confusión permite también una laxitud en los controles éticos, dejando algunas veces a la deriva la imagen y la honorabilidad de los parlamentos y el Congreso. Uno de los grandes objetivos en un proceso de fortalecimiento institucional del parlamento lo constituye la necesidad de desarrollar la credibilidad representativa de los parlamentos mediante mecanismos legales que aseguren que la función legislativa tendrá un buen desempeño y alcanzará sus requerimientos.
La ética parlamentaria es, en principio, el enriquecimiento de la vida, trascendiéndola hacia las potencialidades de la virtud por parte de quienes trabajan en el ámbito legislativo de una nación, identificándose con ideas de especial interés institucional, que contribuya a fortalecer las estructuras del Estado.
[su_note note_color=”#0A8C06″ text_color=”#ffffff” radius=”10″ class=””]Los parlamentos son fiel reflejo de la sociedad y muchas veces cuando uno de sus miembros olvida los principios de probidad esenciales es porque alguien o algo lo inducen a ello. La acción inescrupulosa de los particulares muchas veces económicamente más poderosos, conlleva también sin duda a los actos ilícitos, pero sin perjuicio del fundamento ético que conlleva el control de la actuación parlamentaria en cuanto que sea efectuada siguiendo principios de regularidad legal y de eficiencia, la función fundamental de los órganos de control no es sancionatoria, sino que es y debe ser siempre preceptiva.[/su_note]
