El Gobierno anunció que comenzará próximamente las negociaciones con el principal acreedor del país, el Fondo Monetario Internacional, para acordar un nuevo programa de asistencia financiera y reestructurar la devolución de U$S45.000 millones que el organismo giró al país durante el mandato de Mauricio Macri.
En ese contexto, el Ministerio de Economía pagará en los próximos días U$S300 millones como parte de ese calendario de repagos al FMI. Se trata del tercer pago que realiza el Gobierno de Alberto Fernández desde el cambio de gobierno. En total, el Estado desembolsó U$S1000 millones al organismo en lo que va de 2020.
La agenda de devolución del crédito firmado con el Fondo tiene un esquema de pagos crecientes desde este año que se concentran, especialmente, entre 2022 y 2023. El ministro Martín Guzmán había asegurado en abril que la negociación con el FMI también implicaría un plazo de gracia hasta 2023 sin hacer giros, tal como preveía la primera oferta hecha a los bonistas privados.
Un plazo de gracia de esa duración representaría un ahorro de dólares importante. Según la letra chica del programa financiero firmado por el Gobierno de Mauricio Macri con el FMI, la carga de pagos más pesada tendría lugar entre 2022 y 2023.
En ese sentido, el programa implicaba que la Argentina debería devolverle al Fondo unos U$S20.000 millones en 2022. En lo que queda de 2020, el cronograma de pagos incluye poco más de U$S300 millones en noviembre, mientras que para 2021 se prevé un giro total de U$S5800 millones.
De esta forma, el ahorro de dólares que tendría el Gobierno en los próximos tres años, en caso de que el Fondo Monetario aceptara el plazo de gracia de tres años, asciende a los U$S26.800 millones.
La negociación con el FMI para reestructurar el crédito con la Argentina -el más grande de la historia del organismo- tendrá lugar tras el rol de apoyo que tuvo Washington durante la reestructuración aún abierta con los tenedores privados de la deuda.
En distintas instancias, el organismo actuó en favor de la posición del Estado ante los acreedores. Primero, al declarar en febrero “insostenible” la carga de deuda, algo que solo reconoció una vez que cambió el mando en la Casa Rosada.
Más adelante, el Fondo Monetario ratificó que el país necesitaría “un alivio sustancial” de la deuda con los acreedores privados, lo que significaría “entre U$S55 y U$S 85 mil millones” menos de pagos para los próximos años. Finalmente, en el estado actual de negociación y con la oferta oficial vigente, el Estado se ahorraría hasta 2030 menos que esa cifra: U$S30 mil millones.
El FMI además respaldó la anteúltima propuesta del Gobierno presentada en junio que había alcanzado un “valor” de 50 dólares por cada 100 de deuda. Y por último, una vez publicada la última propuesta el 7 de julio, el FMI se apuró en considerarla como “un paso importante”.
“Mas allá de lo que pase con el canje iniciaremos negociaciones con el FMI para un nuevo programa”, adelantó el jueves Guzmán en una charla ante el Atlantic Council. “Estamos teniendo un compromiso muy constructivo con el FMI y, buscamos tener otro programa basado en premisas macroeconómicas sólidas y que permitan continuar con el proceso de restaurar la estabilidad macroeconómica”, cerró.
Semanas atrás, ante el Consejo de las Américas, el jefe del Palacio de Hacienda había asegurado que espera una negociación larga, por lo que la mayor parte del 2020 probablemente termine siendo dedicada por el Ministerio de Economía a negociar unos U$S115.000 millones de la deuda: “No va a ser una cuestión de días o semanas”, anticipó Guzmán.
