El Tribunal Oral Federal 2 reanudó el juicio por presunto direccionamiento en la obra pública a Lázaro Báez en Santa Cruz, en el que Cristina Kirchner es la principal imputada. El proceso estaba suspendido desde el 17 de marzo por la pandemia. En la vuelta de las audiencias hubo planteos contra la modalidad virtual, ya que se realizan vía Zoom para evitar posibles contagios de coronavirus. La vicepresidenta no se conectó para seguir el proceso.
El juicio se reanudó a las 9.30 con los tres jueces del TOF 2 Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso en una de las salas de audiencias de los tribunales de Comodoro Py. Algunos de los acusados se conectaron a la plataforma para seguir el proceso a distancia. Habrá dos audiencias semanales, lunes y martes. La vicepresidenta no se conectó y en su representación sigue el proceso su abogado Carlos Beraldi, que integra el Consejo consultivo que hará recomendaciones para reformar la Justicia.
El presidente del Tribunal Gorini abrió la audiencia y de inmediato los defensores de los acusados hicieron planteos contra la modalidad de juicio remota. Mariano Fragueiro Frias, defensor del extitular de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro, planteó que la presencia por ese sistema “no significa convalidar absolutamente nada”. Pidió que se lo autorice a estar presente en la sala de audiencias.
El abogado del exfuncionario Carlos Kirchner Enrique Arce criticó la decisión del Tribunal de reanudar las audiencias de manera semirremota, consideró que se excedió el plazo durante el que puede suspenderse un juicio oral y planteó la nulidad. Arce consideró que la reanudación del juicio “se da de bruces con la ley procesal” y planteó: “Me fastidia que nos muteen y conviertan el procedimiento oral en un procedimiento escrito y encima por chat”.
El abogado criticó la presencia física de los testigos en la sala de audiencias del Tribunal, y preguntó: “¿Qué pasa si un testigo en el ámbito de la citación es contagiado de COVID-19 en el ámbito del tribunal y luego fallece? No es improbable que suceda”. El fiscal de juicio Diego Luciani se opuso al planteo y pidió rechazarlo. Dijo que el Tribunal, “aún poniendo en riesgo su salud”, resolvió que las audiencias se hagan con la presencia física de los jueces y los testigos citados.
La causa
La investigación se inició a partir de una denuncia del exministro de Energía y exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel por graves irregularidades en contratos de obra pública en la provincia patagónica, como sobreprecios. La vicepresidenta está acusada de haber sido jefa de una asociación ilícita que defraudó al Estado al direccionar obra pública a Báez.
Entre las anomalías que se determinaron en la investigación el juez federal Julián Ercolini, al elevar la causa a juicio oral, advirtió que 51 de las 88 obras realizadas en Santa Cruz entre 2004 y 2015 se hicieron con empresas del empresario K, por un monto de $46 mil millones.
Según la acusación hubo una “maniobra de corrupción” entre el Gobierno durante el kirchnerismo y organismos estatales con los que “se montó una organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor de Lázaro Báez”.
En el proceso, que empezó el pasado 21 de mayo, son juzgados además de Cristina y Báez el exministro K de Planificación Julio de Vido, el exsecretario de Obra Pública José López y el primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, Carlos Kirchner, entre otros.
Todos están procesados por asociación ilícita y defraudación a la administración pública a raíz del presunto direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del grupo Báez, supuesto pago de sobreprecios e incumplimientos.
El juicio se suspendió el 17 de marzo por la pandemia y volvió a desarrollarse después de que se realizaran dos pruebas técnicas: en la primera hubo fallas, pero en la segunda el sistema funcionó correctamente.
