El fiscal Claudio Bonari y el juez Roberto Guyot están entre los primeros magistrados que nombró el gobernador Juan Manzur: ambos juraron en sus cargos en el mismo acto de 2016 y volvieron a quedar unidos esta semana por la decisión de la comisión de Juicio Político de la Legislatura que les trasladó las respectivas denuncias presentadas por el mismo abogado, Gustavo Morales.
Por decisión unánime de los legisladores presentes en la reunión, Bonari ha de responder una acusación de violencia. Guyot, juez de Ejecución Penal de la capital, deberá contestar una serie de cuestionamientos adicionales sobre el control de penas: su caso es sumamente excepcional puesto que, en paralelo, afronta un proceso de destitución en el Jurado de Enjuiciamiento y sumarios en el ámbito administrativo.
La resolución que corre traslado de las denuncias fue tomada el miércoles con la intervención de los parlamentarios Zacarías Khoder, Sergio Mansilla, Julio Silman, Gonzalo Monteros, Adriana Najar, Graciela Gutiérrez, Carlos Gómez, Enrique Bethencourt, Reneé Ramírez y Mario Casali (sólo el opositor Raúl Pellegrini faltó al encuentro).
La determinación del cuerpo con mayoría oficialista amplia configura una coyuntura atípica puesto que rara vez -o quizá nunca- sucedió que, mientras es tramitado un procedimiento de expulsión ante el Jurado, haya movimientos tendientes a activar otros casos.
Después de recibir las respuestas de Bonari y de Guyot, la comisión quedará en condiciones de resolver si archiva las actuaciones o pone en marcha el trámite para echarlos. Una eventual decisión de avanzar implicaría para el juez de Ejecución Penal la necesidad de llevar adelante una nueva defensa si el Jurado lo absolviese respecto del primer lote de denuncias.
Aunque en menor medida, el paso de la comisión legislativa también incrementa la presión sobre Bonari, quien por los mismos hechos es al mismo tiempo investigado internamente en el Ministerio Público Fiscal junto a su colega Ignacio López Bustos. Además, López Bustos hizo una denuncia penal en contra del titular de la antigua Fiscalía de Instrucción N°2 que ingresó en la unidad del colega de ambos, Augusto Zapata.
La disputa que involucra a Bonari comenzó en septiembre de 2019, cuando la madre de su hijo lo acusó de haber cometido actos de violencia en su contra. Si bien la joven primero ratificó la denuncia ante López Bustos, luego desistió y el juez Alejandro Tomás descartó un pedido de investigación jurisdiccional (procedimiento especial a cargo de un magistrado por la existencia de fueros), resolución que aquel recurrió.
A comienzos de julio, López Bustos y Bonari se cruzaron en la vía pública, y como consecuencia de ello, el primero dijo en la Comisaría N°1 que había sido amenazado y que las intimidaciones venían de antes.
A continuación, Bonari informó que había denunciado a López Bustos por supuestos delitos cometidos en el ejercicio del cargo y que la madre su hijo había hecho lo propio por presunta violencia institucional. Según Morales, Bonari incurrió en mal desempeño.
A la lista de impugnaciones que acumula Guyot se sumó su comportamiento respecto del control de las condenas que la Justicia impuso a los ciudadanos Jesús Marcelo Brito, Stefanía Mariana Mansilla y Tomás Federico Zerrizuela por la comisión de delitos de distinta gravedad.
Según la denuncia, el juez omitió su tarea de verificar que las sentencias hayan sido ejecutadas. En el supuesto de Zerrizuela, que había sido condenado en 2018 por un homicidio con lesiones, fue la jueza de Menores N°1, Judith Solórzano, quien detectó la mora y solicitó en marzo a la Corte que deslindara las responsabilidades.
