El día en el que se trate la reforma judicial en el Senado, se produciría otra marcha en contra del Gobierno para hacerlo desistir de su intención de aprobar el proyecto de ley, con el cual buscaría modificar la Justicia para asegurarle la impunidad a Cristina Kirchner. La marcha está prevista entonces para el próximo miércoles 26 de agosto, es decir, la semana que viene y ya está haciendo motorizada en las redes sociales con el hashtag #26ATodosAlCongreso.
La escalada de tensiones hacia el interior de la sociedad no parece aminorar las intenciones del Gobierno de avanzar en pos de aprobar rápidamente esta reforma judicial. Al tiempo que la sociedad está dispuesta a defender en las calles a la República, más allá de la cantidad de casos positivos que a diario se registran en el AMBA. Ni siquiera la alta posibilidad de que el miércoles obtenga media sanción el proyecto amilana a la ciudadanía.
De esta manera, lo que vine advirtiendo este medio podría concretarse en cuanto a que se está recreando un clima político similar al que se vivió en el año 2008 con la ley 125, que enfrentó al campo con el entonces gobierno de Cristina Kirchner. Para colmo, se tratan de los mismos protagonistas, ya que Alberto Fernández en ese momento ejercía la función de jefe de Gabinete de Ministros, para luego terminar renunciando.
Sin embargo, la dupla presidencial no parece haber aprendido nada del pasado. Por el contrario, parecieran dispuestos a tropezar de nuevo con la misma piedra. En esa línea, la conclusión a la que llegó Alberto Fernández luego de la masiva movilización que tuvo lugar el pasado lunes 17, fue la de mantener su necedad, al punto de asegurar que nadie doblegará al Gobierno debido a que los que gritan suelen no tener razón, según expresó el Presidente.
Dichas declaraciones no fueron más que una provocación para buena parte de la sociedad y de la opinión pública, que no está dispuesta a tolerar que se avasalle a las instituciones y que se intervenga de hecho el Poder Judicial para quitarle la independencia. Eso significa que el riesgo de que de la escalada verbal se pase a la acción concreta, es más que probable cuando se tiene por gobernantes a personas cuya misión es ir por todo.
Para colmo la oposición denunció que no pudo tener acceso al texto final que logró ayer el dictamen favorable en el Senado. Y es que, además de polémica reforma judicial, se está consiguiendo en el Parlamento de forma oscura y entre gallos y medianoches, que el oficialismo obtenga una rápida aprobación. Luego, vendrá el turno de la Cámara baja de Diputados, en donde el Poder Ejecutivo no tiene asegurada la mayoría necesaria para aprobar el proyecto. Del oficialismo dependerá, en los próximos días, lograr calmar las aguas e impedir que el próximo miércoles tenga lugar, en las afueras del Congreso, una confrontación con la sociedad. La misma está conformada por una ciudadanía que está dispuesta a vender cara la posibilidad de que se pierda la institucionalidad en Argentina. Ningún momento es propicio para un enfrentamiento como éste, mucho menos en medio de una pandemia que tiene en vilo al país.