Este sábado se cumple el plazo de 60 días previsto por la investigación jurisdiccional para que la jueza Carolina Ballesteros solicite a la Legislatura el desafuero del legislador Ricardo Bussi.
La resolución de esta instancia definirá si se puede avanzar en la investigación en la causa por abuso sexual y usurpación de la identidad contra Bussi, o bien si la causa se archivará hasta que el legislador culmine su mandato, en 2023. Durante tres años, la Legislatura seguirá sesionando con un presunto violador sentado en su banca, mientras sus 48 pares se hacen los distraídos.
Bussi ni piensa renunciar a sus fueros, como haría cualquier hombre de bien, para ponerse a disposición de la Justicia y responder a las gravísimas acusaciones que le hacen. Por el contrario, sabiéndose amparado por el poder político de Tucumán, redobla los ataques y amenazas contra la joven víctima.
Tucumán es el único lugar de la Argentina en el que el fuero impide que se investigue al legislador. Los mismos legisladores decidieron esto en el artículo 25 en la última reforma del código procesal penal de Tucumán. No se da en ningún lugar del país que un legislador tenga más inmunidad que un Presidente de la Nación.
Según lo establecido en el código penal, la magistrada tuvo un plazo de 60 días para reunir los elementos necesarios que demuestren su participación en el hecho denunciado y pedir a la legislatura que le quite los privilegios así se proceda a investigar los hechos. En este sentido, en caso de que la justicia pida efectivamente el desafuero, los legisladores tendrán la última palabra, a través del voto.
“Es la primera vez que se aplica en Tucumán la investigación jurisdiccional que dura dos meses. No se procede como causa normal que busca determinar la responsabilidad en sí, después se acusa penalmente y se impone una pena”, explica a eltucumano.com Salvador Iovanne, el abogado de “Lupe”, la joven denunciante.
“Es una instancia previa a poder investigar como una causa normal. Aquí se busca determinar si es que hubo comisión de delito, y en base a eso quitarle los fueros al legislador y proceder a investigarlo”, añade.
El letrado hace hincapié en que Tucumán es el único lugar del país en el que el fuero impide que se investigue al legislador. “Los mismos legisladores decidieron esto en el artículo 25 en la última reforma del código procesal penal de Tucumán. Hemos planteado la inconstitucionalidad del artículo. No se da en ningún lugar del país que un legislador tenga más inmunidad que un Presidente de la Nación”, remarca.
En estos dos meses se presentaron varios elementos de prueba para que se haga el requerimiento. Entre las pruebas hay testimonios de testigos que la ubican en el lugar del hecho, la misma denuncia de la víctima.
En tercer lugar, una de las pruebas más fuertes, son los mensajes de Whatsapp que el Legislador de Fuerza Republicana le habría enviado desde su teléfono personal, reconociendo la situación del abuso y diciéndole que si hablaba le iba a volver a pasar.
“En dos meses no se puede investigar todo. Hay pruebas pendientes, pruebas importantes, como la pericia de la ropa del día del hecho. Y muchas otras que reforzarían más el caso”, detalló Iovanne a El Tucumano.
Entre las pruebas que quedaron pendientes se encuentran además, las pericias al teléfono y la computadora de la denunciante y la pericia psicológica. “Las pruebas que tenemos son fuertes. Si no fuera contra un legislador y fuera contra una persona común estaríamos esperando elevación a juicio”, afirmó el representante legal de la joven.
Los tres escenarios posibles que pueden resultar de esta instancia son en primer lugar, que se archive la causa hasta que Bussi pierda los fueros al finalizar su mandato, en caso de que la jueza no haga el requerimiento. En un segundo escenario, puede darse que se haga el requerimiento, pero a la hora de votar, que en la Legislatura no se haga lugar al pedido de la jueza. O bien puede ocurrir que se haga el requerimiento y la Legislatura lo avale. De esta manera se comenzaría una investigación como cualquier otra.
A pesar de las demoras y algunos silencios por parte de los funcionarios, tanto la denunciante como su abogado, no pierden las esperanzas de que se consiga el desafuero.
“Toda la causa está planteada para proteger al legislador, no para proteger a mi cliente. Bailamos al son del capricho de la justicia y de la política de Tucumán”, sentenció el letrado y añadió:
“creemos que lo que buscan evitar los legisladores es que haya un precedente que haya un legislador que, habiendo cometido un delito grave, vaya preso. Pero confiamos en que alguno apoye nuestro pedido”.
