Los medios nacionales se ocupan de la grave situación institucional en Tucumán, luego de que un camarista denunciara a un miembro de la Corte Suprema por supuestas presiones para que no avance la causa contra Ricardo Bussi por abuso sexual y robo de identidad a una joven.
Clarín publica que Enrique Pedicone denunció al integrante de la Corte Suprema de Justicia de esa provincia, Daniel Leiva, por “tráfico de influencias, coacción y violación a los deberes de funcionario público”, presuntamente al tratar de incidir en la causa que investiga presunto abuso sexual y corrupción del legislador Bussi.
El camarista Pedicone grabó la conversación que mantuvo con Leiva, en donde el magistrado le pide que “maneje la intensidad” y que “siga picando bajo, volverlo a donde tiene que estar” al referirse a la causa contra el legislador.
“Me llama, lo pongo en alta voz y un funcionario judicial de alto rango toma nota de la invitación para conversar por unos minutos. Como no quiere ir a mi despacho porque le resultaba ruidoso vamos a un bar en Junín y Corrientes y trata de incidir y darme indicaciones e influir en la causa Bussi”, dijo Pedicone a Telefé Tucumán.
La denuncia de abuso sexual contra Bussi se hizo efectiva en junio pasado. La mujer, de 26 años, lo expresó ante la fiscalía de María del Carmen Reuter donde denunció que en los primeros días de mayo Bussi abusó sexualmente de ella en el despacho que él tiene en la Legislatura tucumana.
Junto a su familia -su madre jubilada y sus dos pequeñas hijas- la mujer vive en un barrio muy humilde de la periferia. A causa de la denuncia -en aquel momento- recibió amenazas y tuvo que mudarse a otro lugar.
Según consta en la denuncia, la mujer trabajó el año pasado como colaboradora en algunas actividades del partido Fuerza Republicana y, a comienzos de este año, tomó conocimiento de que alguien había abierto una cuenta en un banco a su nombre, en la que había un monto superior a los 500.000 pesos.
Al no poder dilucidar lo ocurrido en la entidad bancaria, la mujer “acudió al partido a informar la situación; trató con distintas personas y luego con Bussi, quien le indica coactivamente que cese con la intención de denunciar esa irregularidad y comete el abuso sexual como un acto de intimidación”, dijo su abogado.
A principios de agosto, la Justicia dispuso otorgarle consigna policial a la mujer para resguardar su integridad física y la de su familia luego del ataque sufrido en su vivienda, informó también su abogado, quien adelantó que tenían todo listo para solicitar el desafuero del titular de la bancada de Fuerza Republicana.
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