La semana arrancó convulsionada y no parece que vaya a terminar de manera diferente en lo que hace a la provincia de Buenos Aires. Y es que las manifestaciones que realiza la Policía bonaerense alcanzaron su punto crítico en la jornada de ayer cuando un grupo de efectivos se hizo presente en la Quinta de Olivos y la rodeó estando uniformados y cargando sus armas reglamentarias. La protesta se convirtió en algo peligroso con escenas como esta.
De hecho, le valió la condena de varios referentes de la oposición que hicieron hincapié en lo justo del reclamo, pero reprocharon el modo de hacerlo. Y es que, de esta forma, se compromete una institución como lo es el titular del Poder Ejecutivo, más allá del nombre que lo encarne circunstancialmente. La potencia de lo sucedido impacta debido a que se trata de un reclamo provincial que terminó por tomar un matiz nacional.
Es tan así que, incluso, se informó sobre la posibilidad de que un levantamiento de este tipo pudiera llegar a tener lugar en otras siete provincias. En ese marco, ni lerdo ni perezoso, Manzur se apuró en anunciar mejoras para la Policía local en materia de ascensos y pases a planta permanente, al tiempo que prometió resolver el déficit habitacional de las familias de los efectivos policiales. De hecho, trascendió que ya existía cierto malestar en la Policía local.
Pero la pregunta pasa por las razones que pudieron estar detrás de lo que ocurrió en territorio bonaerense. Diversos analistas vinculan lo sucedido con lo vaticinado por el ex presidente, Eduardo Duhalde, acerca de que existía malestar dentro de las fuerzas de seguridad. Si bien se refirió al Ejército, muchos creen que la fuente que jamás reveló fue alguien de la Policía bonaerense, con quien mantiene contacto hasta hoy por su pasado como gobernador.
También existe la teoría de que muchos policías cesanteados habrían estado fogoneando a sus ex compañeros para que eleven sus protestas como si se tratara de un espacio más. Cabe recordar que está prohibida la representación gremial en este caso al tratarse de “trabajadores” del Estado que portan armas, por lo que no es legal, por ejemplo, dejar a la ciudadanía a la buena de Dios y generar en la sociedad la sensación de que está en peligro el sistema democrático.
Pero, sobre todo, al oficialismo provincial y nacional les faltó olfato político para prevenir una situación en la que los sueldos de los efectivos policiales bonaerenses se encuentran retrasados y por debajo de sus pares porteños. Ayer por la tarde, el presidente Alberto Fernández anunció la quita de un punto porcentual de coparticipación federal a la Capital Federal que se volcará, entre otras cosas, a reforzar el salario de los agentes de seguridad de la Provincia. Restará saber qué posición adoptará la Policía y qué haría el Gobierno en caso de que los reclamos no cesen hasta que les garanticen no sólo una contundente suba del sueldo. Sino que también piden que ningún policía sea sancionado por los hechos que vienen sucediendo desde el comienzo de la semana. Caso contrario, la situación podría empeorar a una escala donde no haya retorno posible, por lo que las autoridades deberán estar a la altura de las circunstancias.
