Finalmente, el paro de colectivos que cumplió ayer 16 días consecutivos se levantó. No obstante, resulta inconcebible cómo hasta la fecha puedan seguir poseyendo las licencias licitadas por el Estado, a pesar del mal funcionamiento del transporte de pasajeros de ómnibus y de su ineficiencia a la hora de gestionar un servicio esencial para la inmensa mayoría de la población. Y es que la sociedad ha sido tomada de rehén en este sentido.
Alrededor de medio centenar de días en lo que va del año es el saldo de jornadas carentes de este medio de movilidad. Cientos de trabajadores esenciales en materia de salud se vieron imposibilitados de asistir a sus trabajos, al tiempo que la totalidad de las personas terminaron siendo víctimas de un sistema que no da para más así como está planteado. Sin embargo, es llamativa la inacción de parte de la clase política.
Y es que, tratándose de un servicio esencial, ni la municipalidad de San Miguel de Tucumán, encabezada por el intendente Germán Alfaro, ni el Gobierno provincial de Juan Manzur se hicieron eco del estado lamentable del funcionamiento de los ómnibus, tanto en lo que hace a los recorridos urbanos, como interurbanos y provinciales. Ni siquiera les parece una posibilidad siquiera la de quitarles las licencias otorgadas.
Incluso, trascendió la información de que el gremio de UTA no estaba convencido del todo de levantar la medida de fuerza. Sin embargo, saben que la mirada de la sociedad sobre este tema tiene un peso específico y decidieron que a partir de hoy el servicio vuelva a funcionar normalmente. Claro está, solo para las personas que desarrollen actividades esenciales en el marco del retroceso a la fase 3 de la cuarentena.
La pregunta que queda en el air es hasta cuándo el servicio de transporte público tendrá un funcionamiento normal. Y es que la posibilidad de que se interrumpa nuevamente está latente con cada retraso en el pago del salario de los trabajadores. Esto se da a pesar de los innumerables y cuantiosos subsidios provinciales y nacionales que reciben los empresarios del transporte, que no se hacen cargo de su ineficiencia en el manejo del mismo.
La situación no logró modificarse ni siquiera con los sucesivos aumentos del boleto, a pesar de los más caros del país, emulando al valor que existe en Córdoba, una provincia mucho más cara y de dimensiones y cantidad de habitantes superior a Tucumán. Para colmo, el servicio en sí mismo, así como la frecuencia de horarios es una de las quejas permanentes de parte de los usuarios. Además, es una historia que lleva años y que no parece que pueda terminar. En ese marco, parece ser que las autoridades políticas no están dispuestas a alterar el estatus quo ni a meterse con los empresarios. Mientras tanto, la sociedad continúa siendo rehén de éstos y padecen la falta de acción de parte de los funcionarios públicos de la Capital y de la Provincia. Tendrán que recordar que cuando los dirigentes no están a la cabeza de la gente, es la gente la que pide la cabeza de los dirigentes.
