Hasta 2015, Cristina Elisabet Fernández consiguió, utilizando a destajo las reservas del Banco Central (el 10 de diciembre, US$ 3.000 millones ¡negativas!), que la bomba en que había transformado el escenario económico, populismo y saqueo mediante, no estallara antes de ceder, ausente, el poder a Mauricio Macri. Éste, por un inexplicable error y con una absurda confianza en su magnetismo para atraer inversiones externas, no hizo el real inventario –recordemos que los datos se falsificaban- al asumir y ello, pese a que durante un período pudo solventar su “gradualismo” con el apoyo del FMI, sumado a una innegable mala praxis, hizo que ya en diciembre de 2018 nuevamente se pusiera en riesgo a la peligrosa y siempre presente santabárbara nacional.
En diciembre de 2019, al recibir la banda y el bastón, los Fernández² tenían la verdadera radiografía –por un honesto INDEC– de la maltrecha situación en que se encontraba la economía y, a pesar de saberlo, comenzaron a hacer todo lo contrario de lo que debían, de la mano del loteo de cada despacho y resorte de poder y de la apropiación camporista de las cajas oficiales. Sobre ese panorama cayó el Covid-19. Con los primeros contagiados, impusieron una férrea cuarentena que ha fracasado estrepitosamente en su objetivo original de frenar la difusión de la enfermedad y las muertes. El confinamiento ha producido un daño socio-económico sin precedentes del cual, aún, no tenemos dimensión exacta; sí sabemos cuántos argentinos han perdido sus trabajos y cuántos se han empobrecido, cuánto se han incrementado las ocupaciones de tierras, cómo ha crecido la inseguridad ciudadana, cuántas empresas e individuos están emigrando y, sobre todo, cuántos chicos han perdido el año lectivo y el contacto con la educación formal gracias a los gremios kirchneristas.
La Vicepresidente descubrió las ventajas que implicaba mantener a la gente en sus casas para planchar la curva inflacionaria que la descontrolada emisión ha generado y para su proyecto chavista de empobrecimiento y dominación social, y así llegamos a los actuales 191 días, aunque la población ya está lo suficientemente harta como para perder el miedo y dejar de respetar las absurdas órdenes del Gobierno. Cuando esa situación de apertura se extienda totalmente, la catástrofe quedará al desnudo y arrastrará la popularidad de ambos a una sima insoluble, como se ha comenzado a comprobar estos días; porque son fogueados políticos, saben cómo repercutirá eso en sus chances electorales y, consecuentemente, en la soñada impunidad de la familia Kirchner. A partir de ese convencimiento se explica, claramente, la velocidad caníbal que han adquirido los ataques de Cristina Fernández contra la Justicia y contra el Procurador Eduardo Casal.
Hasta hoy, y a contramano de las reiteradas y cuantiosas manifestaciones ciudadanas que reclaman una toma de posición urgente y de las firmas de más de 300.000 ciudadanos peticionándolo, la Corte Suprema ha mantenido un dramático silencio que sólo ha conseguido romper la decisión de su Presidente –Carlos Rosenkrantz– quien, en uso de sus atribuciones, ha citado a sus colegas –Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda– a un acuerdo para el martes 29 para resolver el demorado per saltum interpuesto por los tres jueces desplazados por la venganza kirchnerista. La democracia republicana, basada en la división de poderes, sabrá entonces si logró sobrevivir o ha muerto bajo las botas cómplices y cobardes de los ministros del Tribunal supremo.
La inexperiencia del Ministro de Economía, Martín Guzmán, y sus diferencias con el Presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce, fogoneadas desde el Instituto Patria, uno de los tronos que ocupa la siniestra viuda (los otros: el Senado, la Cámara de Diputados, el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo, la Provincia de Buenos Aires y algunos feudos del interior), ha conseguido que la tan “exitosa” renegociación de la deuda externa fuera flor de un día.
La suma de pecados ideológicos y torpeza, la desconfianza en la devaluada palabra del Presidente, la persecución al capital productivo, los impuestos confiscatorios, las leyes absurdas que conspiran contra la realidad, las pretensiones expropiatorias, el aislamiento internacional, los ataques a la ciudadanía –los “malos argentinos”- y a la libertad de prensa, la falta de seguridad jurídica motivada por el abuso de los DNU’s y la vocación por colonizar la Justicia, han hecho que resurgiera de inmediato la aversión de los mercados, como lo prueba el aumento del riesgo-país y la depreciación de nuestra moneda, que ha generado una enorme brecha entre las cotizaciones “oficial” y “blue”, obliga a pagar más de $ 140 por dólar y que hasta la ha hecho desaparecer de las pizarras de los bancos en Uruguay.
La dramática aceleración de los problemas económico-financieros, y la falta de dinero para el populismo –una suerte no experimentada por el peronismo- hace que los planes electorales vinculados a las legislativas del año próximo equivalgan, hoy, a discutir el sexo de los ángeles. En un país en el cual el largo plazo significa la semana próxima, y el asalto al poder ha sido una constante durante los últimos noventa años, la película de la realidad nacional, que será reestrenada pronto, amerita que alquilemos balcones, aunque sólo sea para llorar amargamente y restañar la sangre.
Por Enrique Guillermo Avogadro
