La titular del máximo estrado dijo que el caso de Leiva debía ser resuelto en la Justicia penal y que la Legislatura tenía que cumplir su función constitucional respecto de los pedidos de juicio político, sin perjuicio de manifestar que las acusaciones administrativas existentes en contra de Leiva, de Estofán y de Pedicone, así como el recurso articulado por este último contra su sanción, estaban siendo tramitadas al día. “Esta Corte es consciente de la crisis del antiguo sistema procesal penal”, admitió Sbdar respecto de los comentarios del legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse (se informa por separado).
En cuanto a los hechos y las grabaciones que ventiló Pedicone, la presidenta afirmó que el despacho judicial que había recibido el aunto tenía que expedirse lo antes posible e insistió en que ella no debía adelantar una opinión al respecto. “La Justicia penal debe dilucidar con prontitud la denuncia contra Leiva”, apuntó ayer en la sala de acuerdos. En este proceso aún está en discusión el Código aplicable: si el que rigió hasta el 31 de agosto o el que empezó a funcionar el 1 de septiembre, día de la interposición de la denuncia donde consta que Leiva habría intentado influir en una investigación por supuesto abuso sexual e irregularidades con cuentas bancarias atinente al legislador Ricardo Bussi.
La fiscala Mariana Rivadeneira ya se inclinó por el régimen antiguo, que es la solución que pretenden Leiva y su defensor Esteban Jerez. Por el contrario, el denunciante Pedicone, y sus abogados Arnaldo Ahumada y Fernanda Battig rechazaron el “trámite secreto”, y exigieron la aplicación del sistema de las audiencias orales y públicas. La decisión depende de Juan Francisco Pisa, juez de Instrucción en lo Penal Nº1 de la estructura encargada de concluir los casos del viejo Código.
“También corresponde que la Legislatura se expida en cuanto los pedidos de destitución”, expresó Sbdar. Al menos hasta ayer, Leiva acumulaba seis solicitudes y Pedicone, siete, sin contar las restantes denuncias de mal desempeño incoadas contra otros jueces salpicados por la crisis. “El pueblo elige a los vocales de la Corte indirectamente por medio de sus representantes en el Poder Ejecutivo (propone los nombres) y en el Poder Legislativo (presta acuerdo a las designaciones).
El pueblo también debe intervenir, por medio de sus legisladores, en la destitución. Este es el esquema que establecen los artículos 47 a 50 de la Constitución de Tucumán. Son esos dos ámbitos, la Legislatura y la Justicia penal, los que deben actuar”, añadió Sbdar. Más temprano, el vicegobernador Osvaldo Jaldo había dicho que la comisión de Juicio Político legislativo “iba a tomarse su tiempo” para definir estas solicitudes de expulsión (se informa por separado).
Sbdar dejó para el último las denuncias administrativas tendientes al apartamiento y la investigación interna de Leiva, y a la apertura de sumarios contra Pedicone y Estofán (se informa por separado acerca de la existencia de una segunda acusación contra el vocal decano). Estas actuaciones pretenden que, en el ejercicio de la facultad de superintendencia del Poder Judicial, la Corte disponga eventuales sanciones para los involucrados -podrían llegar a pedidos de destitución-, previa instrucción de una pesquisa.
Si bien los vocales del alto tribunal castigaron y pidieron la destitución de magistrados en los últimos años (el ejemplo reciente es el destituido Roberto Guyot), el último antecedente de sanción para un miembro de la Corte data de 1989 y corresponde a Carlos Rodríguez Marañón. Este jueves Sbdar aseguró que los procedimientos administrativos estaban activos. “Tenemos los trámites al día con la preservación de las garantías constitucionales y del derecho de defensa de los involucrados”, dijo.
