El desenlace que tuvo el caso de la muerte de la pequeña Abigaíl Riquel, de apenas 9 años, terminó siendo la crónica de una muerte anunciada. Pero no nos referimos al fallecimiento del único sospechoso de haber cometido el brutal crimen, José Antonio Guaymás. Sino a la muerte del Estado de derecho, el mismo que permitió que alguien que debía de estar preso por los delitos cometidos contra la propiedad, estuviera suelto e hiciera lo que hizo.
Que el sindicado como autor de la violación y muerte de una niña de 9 años no haya sido juzgado y, por el contrario, haya sido asesinado a golpes y machetazos, habla de una notable y grave ausencia del Estado. La falta del Estado es lo que ha generado que una niña pierda su vida, y que su asesino no pueda pagar con la cárcel el irreparable daño causado. Lo acontecido ayer no puede de ninguna manera llevar tranquilidad y alivio a la sociedad.
Muy por el contrario, debería ponerla en alerta acerca de las graves consecuencias acerca de la falta del Estado para resolver conflictos de esta naturaleza. En primer lugar, los gobiernos se han corrido lo que la propia Constitución Nacional le permite y exige, es decir, el legítimo monopolio en el uso de la fuerza. ¿Cuántos casos han trascendido en el último tiempo en los que se contempla la mal llamada “justicia por mano propia” usando armas blancas o de fuego?
Eso se debe al hecho de que le Estado decidió correrse del lugar que le correspondía. Entonces, indirectamente habilita a cualquiera a que ocupe ese espacio y detente un arma en nombre de imponer un “orden” a cualquier precio. De hecho, eso fue lo que terminó ocurriendo en este caso que conmociona a la provincia y que ya tomó trascendencia a nivel nacional como lo que es, un hecho sucedido como resultado del abandono del Estado.
Este final no es otra cosa que responsabilidad del Estado a causa de un Gobierno provincial que está ausente, que decidió alejarse de los graves problemas cotidianos de la gente. Este final es el resultado de un ministro de Seguridad como Claudio Maley que no sólo no da la cara, sino que fracasó en la lucha contra la inseguridad. Pero también es culpa del Poder Legislativo, cuyas leyes nunca apuntan a privilegiar la seguridad de las personas.
Párrafo aparte merece el papel que desempeña el Poder Judicial en todo esto. No cabe en el sentido común el hecho de que alguien con más de una docena de causas en su contra haya estado libre. El Estado también está ausente cuando los jueces liberan a los delincuentes, cuando privilegian al victimario por sobre la víctima y sus familiares. A propósito de ello, ¿Por qué razón todavía no trascendió el nombre del magistrado que liberó a Guaymás?
Lo ocurrido también es una muestra de que el Estado parece estar sólo para la defensa corporativa de sus integrantes. Sólo los poderosos de turno, cuentan con la protección a su propia impunidad, la protección de la que carece la sociedad, la que no tuvo Abigaíl cuando diez días antes de su muerte la Justicia ya había liberado al que sería su asesino. El mismo que luego convertiría a otras personas enceguecidas por el dolor, en su propio verdugo.
