Pese al escándalo que hace once años causó Norberto Oyarbide cuando en tiempo récord -y teniendo como insumo el informe del propio contador de la familia Kirchner– cerró la investigación por enriquecimiento ilícito sobre Néstor y Cristina, y el reflejo de aquella controversia en 2018, cuando Oyarbide admitió presiones para firmar aquel fallo y el contador Manzanares confesó cómo arregló con la ex SIDE y el mismo juez un dibujo para tratar de justificar los bienes del matrimonio, ahora la jueza María Eugenia Capuchetti decidió no reabrir esa causa.
En base “a las recientes presentaciones realizadas por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y el Ministerio Público Fiscal en las que afirman que no existen elementos que permitan conmover las sólidas bases sobre las cuales se asienta la cosa juzgada de aquella resolución“, explica Capuchetti en su sentencia, “no existe impulso que permita el resurgimiento de la acción penal tal como originalmente se había requerido“.
“Además, se ha podido establecer que se encuentra siendo juzgada en otros procesos en los que se la acusa -entre otras cuestiones- de supuestos lucros indebidos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2015, es decir un período temporal que claramente abarca lo aquí denunciado“, se justifica la sucesora de Oyarbide en el juzgado federal porteño 5.
“La lucha contra los diversos tipos de criminalidad no debe darse sacrificando principios jurídicos básicos; aún en casos como el presente, en donde desde sectores de la opinión pública se intenta persuadir a la justicia a dirigir sus decisiones en un determinado sentido sin que se lleve a cabo un análisis jurídico crítico del caso o, incluso, dejando situaciones procesales inconclusas por largos períodos de tiempo en detrimento de los imputados“, continúa la resolución de la magistrada, que se negó a anular el fallo de su antecesor bajo el concepto de “cosa juzgada fraudulenta” o “írrita“.
“en la sana lucha contra la corrupción y la deseable persecución de los delitos contra la administración pública no es admisible que aquellos principios se perviertan desviándose en un recurso lesivo a la democracia, mediante el sometimiento a una indefinida situación procesal a personas políticamente activas, con el resultado de excluirlas de la lucha política democrática” continúa Capuchetti en otro tramo, con un curioso guiño a la excusa del K del lawfare.
