En marzo del 2019, la jueza Dra. Carolina Ballesteros, sacó a la luz una denuncia que fue encontrada bajo un armario en el Juzgado V. La misma había sido realizada en contra del intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, por los delitos de defraudación por administración fraudulenta y abuso de autoridad. Esto se debe a que el 23 de septiembre del año 2016, Mariano Campero, en representación de la municipalidad de Yerba Buena, habría suscripto con la empresa Sebastián Calleri Construcciones un contrato por el cual esta empresa debía realizar la obra de reparación y bacheo de pavimento flexible en distintas calles de la ciudad de Yerba Buena.
La propia jueza Ballesteros había asumido en ese juzgado un mes antes de hallar esta denuncia “bajo un armario” y, ante las graves irregularidades que encontró, pidió a la Corte Suprema que auditara ese juzgado. Y es que está claro, que alguien la “escondió” obviamente para evitar la investigación´. Sin embargo, fue todo en vano porque actualmente, ya se abrió la correspondiente investigación jurisdiccional, procedimiento para funcionarios que tienen fueros.
El problema es que este contrato no se hizo por licitación pública, sino por contratación directa, según surge del mismo contrato firmado por el intendente de Yerba Buena. En la denuncia se deja constancia de que Mariano Campero habría tenido perfecto estado de conocimiento acerca de la ordenanza 1.299, cuyo artículo séptimo inciso cuarto, no le permitiría contratar de forma directa de forma excepcional por una suma superior a los $125.000, valor que había establecido el Concejo Deliberante cinco meses antes.
Pero al firmar el contrato con la anteriormente mencionada empresa, el monto alcanzaba el $1.081.306. Esto implica que el intendente habría conocido perfectamente esta reforma y de igual modo contrató de manera directa a la compañía, por esta cantidad de dinero cuando en rigor legal, debió convocar a licitación pública. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que Mariano Campero es un avezado abogado que tiene los conocimientos técnicos, y que habría sabido que el contrato de locación de obra con esta empresa por contratación directa que estaba ejecutando, era violatorio no sólo de ordenanzas municipales sino también del propio Código Penal argentino, expresa la denuncia.
Entonces, habría dirigido su conducta para ello y con ese objetivo obtener presuntos beneficios personales y en favorecimiento de la empresa, al tiempo que en perjuicio de los fondos públicos del municipio y de todos los habitantes de Yerba Buena por una suma de más de $1.000.000. En la denuncia se deja en claro que Mariano Campero conoce claramente el manejo del Concejo Deliberante y sus ordenanzas debido a que se desempeñó como concejal por 4 años.
Esto significa que conocía, que el modo de contratación para obras públicas y, que superen cierto monto, debía realizarse por medio de licitación pública. Sin embargo, hizo todo lo contrario, ya que recurrió a la contratación directa y de refrendo por medio de un simple decreto. Por todo lo anterior, quedaría claro que Mariano Campero es responsable y que habría violado toda ley y ordenanzas municipales, teniendo en cuenta que se desempeñó como funcionario público.
Y que habría perjudicado a los intereses confiados al mismo por medio del voto popular y habría obligado al municipio y a los habitantes de Yerba Buena de forma abusiva y sin observar las leyes cuyo cumplimiento le incumbe, teniendo en cuenta su cargo y función por la suma de más de $1.000.000.
Además, tomando en consideración el contrato rubricado con la empresa, se desprende que el intendente siempre habría tratado de garantizar su propia impunidad, al tiempo que eludir cualquier tipo de persecución penal o control de cualquier institución, en lo que hace a la ya mencionada cifra vinculada a las ya referidas obras públicas. No surge del contrato firmado por el intendente y la empresa las calles, altura, zona, motivos, que quedarán incluidas dentro del contrato de locación de obras suscrito, según la denuncia.
De acuerdo a dos decretos que fueron aportados por fuentes cercanas a Tucumán Despierta, a fines del año pasado, la Justicia hizo lugar a las medidas de investigación propuestas por la fiscal a pedido del denunciante, las cuales consisten en el libramiento de oficios a la AFIP, para que informe si la empresa Sebastián Calleri Construcciones está inscripta en este organismo. Lo mismo que a la municipalidad de Yerba Buena, para que remita con carácter de urgente la nómina de proveedores y/o co-contratantes de la municipalidad de Yerba Buena y a Rentas de la provincia de Tucumán y de la ciudad de Yerba Buena para que se informe si la mencionada empresa se encuentra inscripta ante dicho organismo.
En el segundo decreto, quedó evidenciado que la defensa del intendente Mariano Campero, solicitó en febrero de este año que la causa se archive, con argumentos sin ningún sentido, una presentación que fue desestimada por la fiscalía. El juez que actúa ahora en la denuncia, es el Dr. Raúl Cardozo, del juzgado conclusional II. El pedido de la defensa fue la excepción por falta de acción, solicitando el archivo de las actuaciones hasta allí desarrollados así como de la denuncia.
El insólito fundamento se basó en que no “hay delito alguno que investigar siquiera”, de todos modos no se hizo el lugar a lo peticionado por la defensa y, por lo contrario, se hizo lugar a las medidas investigaciones propuestas por el Ministerio, que en ese sentido fue categórica la negativa a la defensa de Campero, debido a que se dejó constancia de que no corresponde hacer lugar a lo solicitado, que fue calificado de improcedente debido a que no tiene relación con el remedio intentado. De esta manera, ya empezó la investigación correspondiente y fueron enviados diferentes oficios para que sean remitidos al juzgado.
Ahora, el intendente de Yerba Buena Mariano Campero, se encuentra en medio de una investigación jurisdiccional y deberá demostrarle a la justicia, por que realizo esta contratación directa y no respetó el procedimiento legal, que sería el llamado a licitación pública.
