En tiempos de grieta, alcanzar los dos tercios de los votos del Senado que requiere la designación de un Procurador General de la Nación se volvió una proeza imposible. No lo consiguió Mauricio Macri con Inés Weinberg de Roca y tampoco lo consiguió Alberto Fernández con Daniel Rafecas. Cristina Kirchner abrió a martillazos un atajo y buscará cambiar, por medio de un proyecto de ley que firmó un aliado, esa mayoría antigrieta por otra más leve, que no requiere ninguna negociación con opositores en la Cámara alta.
El Presidente, que desde el minuto uno dijo que quería a Rafecas en el cargo, parece abrazar ahora, al menos cuando habla en público, el plan de la vicepresidenta. Para decirlo de otro modo: eligió preservar, como es natural, su alianza con Cristina, aunque eso ponga en riesgo la propia candidatura de Rafecas, que ya dijo que no asumirá si se cambia el requisito de los dos tercios para ser designado.
Para lubricar un entendimiento, en la Casa Rosada dicen que lo que en realidad quiere Rafecas es que se lo elija por medio del “consenso” con la oposición, una fórmula imprecisa que podría abarcar diferentes clases de mayorías parlamentarias. Aún falta saber si Rafecas abrazará también esa innovación semántica.
El Presidente, según dijo a Clarín un funcionario muy cercano a él, está de acuerdo en que “se debata la normativa en general”, lo cual implica revisar el período de mandato del Procurador, la forma de nombrarlo y de removerlo y también los controles a los que se somete la Procuración, tal como propone el proyecto de Alberto Weretilneck bendecido por Cristina.
Por eso, Fernández analiza poner en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto de Ley de Ministerio Público Fiscal que tendrá media sanción del Senado para que lo vote Diputados en diciembre o en febrero, y también prevé incluir en ese temario el pliego de designación de Rafecas para que lo trate la Cámara alta en ese mismo período.
Así como están las cosas, la reforma de la ley se convirtió en una condición necesaria para el nombramiento de Rafecas, y por eso es que el consenso con la oposición no sólo es un pedido de Rafecas sino también un paso inevitable, porque para ser aprobada la ley necesita votos que el oficialismo no tiene en Diputados.
Hasta ahora, sectores de Juntos por el Cambio anunciaron que aceptarán la postulación de Rafecas, pero no dijeron lo mismo sobre el proyecto que avanza en el Senado. Según publicó Clarín, el oficialismo no tiene los votos necesarios para hacer pasar esa ley en Diputados, y entonces las incógnitas permanecen: ¿Cómo hará el Presidente para convencer a la oposición y conseguir la reforma de la Procuración que el propio kirchnerismo puso como requisito para que avance el pliego de Rafecas? ¿Aceptará la oposición apoyar la designación del Procurador que quiere la Casa Rosada ahora que el paquete incluye también una ley que le da más poder a Cristina sobre los fiscales y que posibilitará el desplazamiento del procurador interino Eduardo Casal incluso antes de que asuma su reemplazante?
El dictamen que se pondrá a consideración en el Senado tendrá, según adelantan las asociaciones que reúnen a los fiscales, un capítulo judicial si es que logra salir del Congreso. En la Corte Suprema, según le dijo uno de los ministros a Clarín, se preparan para que la controversia les llegue más temprano que tarde, luego de las denuncias que se presentarán en los tribunales inferiores. “Acá desde hace tiempo que no nos consultan nada, y por eso termina todo en demandas”, sostuvo ese juez.
Esta semana, la Comisión Beraldi le entregará al Presidente sus propuestas para cambiar el funcionamiento de la Procuración y también de la Corte Suprema. Algunas de las recomendaciones sobre el Ministerio Público Fiscal perderán sentido con el avance de la ley en el Congreso, y eso es una prueba de que las agendas de Alberto Fernández y Cristina Kirchner tienen prioridades diferentes y que chocan cuando, como según dijo el Presidente está sucediendo ahora, pasan largo tiempo sin hablar.
La vicepresidenta está interesada en reformar la Procuración, pero considera que juntar los votos para el postulante que eligió el Presidente no está dentro de sus obligaciones. Por eso es que la negociación con la oposición también incluye una negociación al interior de la fórmula presidencial. Pero esa es otra grieta.
