SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- A un año de la presentación, la causa por abuso sexual iniciada contra José Alperovich, exgobernador y actual senador nacional en uso de licencia, no tuvo avances significativos. La Corte Suprema todavía no resolvió si el expediente debe ser investigado en Tucumán o en los tribunales de la Capital Federal, teniendo en cuenta que la víctima, una sobrina del excaudillo peronista, hizo planteos en ambas jurisdicciones. De este modo, la causa está virtualmente paralizada, a la espera de una definición del máximo tribunal.
La denunciante, que tiene 29 años y también fue colaboradora de Alperovich, se quejó por la lentitud de la Justicia. En una carta difundida por el equipo de colaboradores que la acompaña desde que realizó la denuncia, el 23 de noviembre de 2019, la joven reclamó celeridad y advirtió sobre las “demoras poco profesionales” en las que incurrieron los encargados de investigar el caso.
“¡Aquí estoy! Ha pasado un año. Sigo esperando, día a día, respuestas, investigaciones serias, medidas, justicia. Y mientras espero, acumulo demoras poco profesionales. Y mientras acumulo esas demoras miro a mi alrededor y advierto que ni el horror que me tocó vivir, ni los infiernos que atraviesan miles de mujeres y niñas son suficientes para que traten las causas con la responsabilidad y debida diligencia que merecen”, escribió la denunciante.
La joven agregó: “Ir a la Justicia representa un verdadero desafío, en el que experimenté un vértigo estremecedor que logré aliviar con la templanza que me otorga la certeza de la verdad. Así entiendo mi valentía, la cual me impulsa a defenderme a pesar del espanto de lo atravesado y de lo que genera estar frente a un sistema que intimida, contando con lujo de detalles los abusos a los que fui sometida”.
En otro párrafo del texto, la sobrina de Alperovich calificó de “perverso y contradictorio” el accionar del Poder Judicial. “A un año de mi denuncia quiero dar cuenta de las desviaciones, contratiempos y demoras que las causas atraviesan, acciones que hacen que 365 días después continúe en el punto de inicio”, explicó.
La denunciante describió la lentitud con la que se desarrolla la investigación por abuso. “Denuncié penalmente a José Alperovich por hechos de violencia sexual, física y psicológica contra mi persona, ocurridos tanto en Buenos Aires como en Tucumán, desde diciembre de 2017 hasta mayo de 2019. Al día de la fecha mi causa aún no tiene definida su competencia, cabe aclarar que las denuncias son distintas por eso su asentamiento en cada jurisdicción según corresponda”, detalló.
A continuación, recordó que asistió a dos instancias de ratificación en las que declaró durante cuatro horas en Tucumán, ante la fiscal María del Carmen Reuter y el juez Facundo Maggio, y durante cinco horas ante el juez Osvaldo Rappa, de los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La joven agregó que, tras caratular las causas, se determinó el inicio de las investigaciones correspondientes en cada juzgado, con plazos determinados, hasta tanto la Corte Suprema de la Nación decidiera sobre el asunto de la competencia, ante el impedimento de los jueces a cargo en instancias anteriores de definir donde sería tratado el caso.
“En Tucumán la investigación nunca estuvo ligada a la cronología de los hechos que denuncié, lo cual me resulta llamativo y preocupante. Asistí a dos audiencias en mi provincia. La Justicia se dedicó a indagar a los testigos de la defensa sobre cuestiones vinculadas a la supuesta conspiración política que intentó instalar José Alperovich, quien además solo se pronunció públicamente para ampliar sus licencias en el Senado y mentir que la causa avanzaba a su favor”, lamentó la mujer. Y agregó: “En el caso de Buenos Aires, estimo que la investigación está dada acorde a lo declarado ya que al menos allí acudí a una instancia de inspección ocular ordenada por el juez en el lugar de los hechos. Sin embargo, no cuento con mayor información ni tengo acceso a los detalles de la causa”.
La mujer dijo que, “sumado a ese desalentador panorama general y atravesado por una pandemia que sirvió de excusa para detenerse aún más”, recibió como última novedad “la noticia de la suspensión de los plazos de las investigaciones judiciales en Tucumán hasta tanto la Corte Suprema de la Nación se expidiera respecto al asunto de la jurisdicción”.
“El Estado es responsable”
Tras recordar que asumió los costos materiales, físicos y emocionales de ese difícil proceso, la sobrina de Alperovich dijo que se siente postergada. “Puedo resarcirme en lo personal y experimentar profundos avances pero exijo al Estado que asuma su implicancia en mi reparación integral, por su obligación de impartir justicia. Lo personal es colectivo y el Estado es responsable”, denunció.
En su carta, la joven pidió a la Justicia que se responsabilice en garantizar la privacidad del tratamiento de las causas para evitar la revictimización mediática. “Vulnerar mi derecho a resguardar mi intimidad me daña y me revictimiza. La gravedad radica en que se expone una vez más a mi persona a través del relato de los hechos que en carne propia atravesé y que no corresponde que tomen estado público, no es necesario que todo el mundo conozca en detalle el infierno que pasé. La sensación es que me vuelven a poner en el lugar de víctima, vuelvo a cada escena, a cada hecho”, argumentó.
En otro párrafo, la mujer se dirigió a las víctimas de violencia de género: “Quiero hablarles desde mi vívida experiencia y decirles que denunciar representa una verdadera oportunidad de sanación interna y personal, más allá de los resultados y de las dilaciones a las que nos exponemos, porque no termina allí, sino que comienza una nueva etapa de la lucha pero con total convicción y sensación de que no estás nunca más sola, con mucho alivio de la carga, de la vergüenza, de la culpa transferida y del horror”, expuso.
En el escrito, la denunciante también apuntó contra los poderes políticos. “El tiempo nos apremia, los abusadores siguen respondiendo igual, la política sigue respondiendo igual, la Justicia sigue respondiendo igual, en este marco de indiferencia las mujeres. No podemos responder igual, seguimos lamentando atropellos, abusos y asesinatos”, razonó. Y completó su texto con una reflexión sobre la violencia machista: “El lema de nuestra lucha se ve vulnerado porque cada día la violencia de género imperante contribuye a que seamos menos, violencia que deviene no solo de quienes nos abusan o nos matan sino de aquellos que no hacen su trabajo como corresponde, los que nos dejan solas, no nos defienden, nos exponen, nos demoran, se corrompen”, expresó.
Sin respaldo en el Senado
Cuatro días después de la presentación de la denuncia por abuso sexual en su contra y con el bloque peronista dándole la espalda, Alperovich se vio obligado a tomar una licencia sin goce de sueldo en el Senado por seis meses.
Transcurrido ese plazo, el 4 de junio pasado, el exgobernador tucumano intentó volver a ocupar su banca, pero se encontró con una fuerte resistencia de las senadoras, tanto del Frente de Todos como de la oposición, por lo que sus pares, a mano alzada, resolvieron extenderle la licencia, esta vez por 90 días, hasta el 2 de septiembre. El 24 de agosto último, Alperovich pidió una nueva extensión de su licencia sin goce de sueldo hasta fin de año.
En su defensa, Alperovich, quien es representado por el abogado Mariano Cúneo Libarona, presentó a fines de enero en la Justicia tucumana una contradenuncia en la que advirtió sobre un supuesto plan de desprestigio en su contra. En el planteo, el senador en uso de licencia presentó como pruebas fotos y chats de WhatsApp con la denunciante que, según aseveró, contradicen la versión de la víctima sobre los supuestos abusos sexuales.
En su escrito, Alperovich denunció que la maniobra orquestada con la supuesta finalidad de “arruinarlo para siempre” y que fue ideada por el diputado nacional Carlos Cisneros (Frente de Todos), con quien mantiene una larga enemistad, el concejal peronista David Mizrahi, quien fue pareja de la supuesta víctima de violación, y el abogado tucumano Gustavo Morales.
La causa contra Alperovich, que fue caratulada como “abuso sexual con acceso carnal”, no tuvo avances significativos y quedó empantanada desde su inicio en un conflicto jurisdiccional.
“¡Aquí estoy! Ha pasado un año, e insisto porque estoy acá. Por las que callan, por las que no y no fueron escuchadas, por las que aun muertas no encuentran un límite a la violencia, a la exposición y vulneración a la que nos enfrentamos a diario, porque ya es tarde, porque ya no sirve, porque ya no están. Porque la muerte no es un límite. El Estado es responsable”, reiteró la víctima.
