Manuales de estudio con faltantes históricos, preguntas de exámenes con un fuerte sesgo ideológico y hasta cuadernillos que exaltan los “logros” de un partido político. No es difícil encontrar casos en los que la falta de pluralismo en el enfoque de las materias y el contenido partidario forman parte de los insumos con los que se nutren de conocimientos a los estudiantes argentinos. Hace dos semanas, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, reavivó el debate sobre la política en las aulas al afirmar que hay dirigentes que abusan de su rol docente para adoctrinar a los alumnos.
Un recorrido por algunos de los diseños curriculares de la provincia Buenos Aires, que fueron creados durante el gobierno de Daniel Scioli y que aún están vigentes resultan elocuentes. Allí, por ejemplo, en la materia Geografía para los alumnos de cuarto año del secundario, se señala a la “globalización neoliberal” como la causante de la concentración de capital por parte de las potencias económicas y, en efecto, el empobrecimiento de los países periféricos, como la Argentina.
Algo similar sucede con el libro de Historia para tercer año del secundario de la Editorial Santillana, Argentina, América y Europa durante los siglos XVIII y XIX, en el que las referencias al “régimen liberal” son solo negativas y plantea la idea del capitalismo como un sistema que “obliga” a trabajar a la clase obrera.
En el caso del libro Geografía de la Argentina, de Kapelusz Norma (2016), destinado a tercer año, se puede ver un buen número de alusiones a los programas sociales del kirchnerismo. Además, se refiere al período de Néstor y Cristina Kirchner como el modelo de crecimiento e inclusión social.
Los textos con interpretaciones muy discutibles sobre la historia también se replican en otros niveles y programas educativos. “Represión y neoliberalismo, de la dictadura de 1976 a la crisis de 2001”, así se titula, como si todo fuera parte del mismo proceso, la unidad 5 del material que se repartió entre algunos alumnos de FinEs, el programa para que los mayores de 18 años puedan terminar la escuela primaria o secundaria. Esta bibliografía se imprimió en 2015 por el Ministerio de Educación de la Nación, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Además, en ese material de estudio se cuenta la historia del siglo XX de una manera binaria, diferenciando solo entre lo oligárquico y lo popular y, luego del extenso desarrollo sobre las dos primeras presidencias de Juan D. Perón y el golpe de Estado de 1955, hay escasas referencias a los gobiernos de Arturo Frondizi y Arturo Illia.
En la Universidad de Buenos Aires (UBA) también hubo quejas por parte de alumnos en referencia a las preguntas de algunos exámenes. “En el gobierno de Mauricio Macri hubo un retraso científico y tecnológico porque.”, fue la pregunta que se tomó en un parcial del Ciclo Básico Común (CBC) este mes, en la materia Introducción al Pensamiento Científico. La respuesta correcta del multiple choice era la siguiente: “Macri consideraba que la Argentina debía limitarse a un modelo agroexportador y comprar la tecnología que hiciera falta”.
Desde la UBA indicaron que estas cuestiones están contempladas dentro de la libertad de cátedra. “Vemos a la libertad de cátedra como un valor de similar importancia al que podría tener la libertad de prensa para un medio de comunicación“, argumentaron.
Otro caso resonante fue el de “Gorila Gorilón”. Este audiocuento infantil con contenido ideológico se usó en algunos jardines de infantes de Entre Ríos, a principios de este mes. El relato recibió duras críticas y lo eliminaron de la plataforma Aprender. La narración cuenta la historia de un animal al que “nunca le faltó nada y nada le faltará jamás” y que “se enfadaba cuando alguien recibía una ayuda”. En el relato, una abeja reina le da alimento a otra hasta que pueda recuperarse y volver a volar, pero el gorila considera que “eso no está bien”.
Diego Martínez es uno de los 10 miembros del Consejo General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires desde 2016. Él, junto con la concejala Natalia Quintana, ambos radicales, le enviaron una carta a Agustina Vila, directora general de Cultura y Educación bonaerense (DGE), para señalarle el contenido que, aseguran, se envió a los alumnos del programa FinEs y tiene graves errores y reduccionismos históricos. Además de los mencionados, el contenido indica que Raúl Alfonsín no derogó la Ley de Autoamnistía, que promulgó la dictadura militar en septiembre de 1983, cuando en realidad sí lo hizo al poco tiempo de asumir, en diciembre de ese año. El jefe del bloque de Diputados de Juntos por el Cambio en la provincia, Maximiliano Abad, sumó su reclamo al de los consejeros para que se deje de utilizar contenidos “con un fuerte sesgo ideológico para la educación secundaria”.
“Te garantizo que se distribuyeron. Llegaron a cada sede de inspección distrital. Tengo chequeado que eso sucedió en varios municipios con la notificación de distribuirlos. No sé a cuantos alumnos se los entregaron porque FinEs este año fue un plan con pocas clases. Pero creo que ellos no tienen ningún problema con este material. Y los docentes muchas veces usan este tipo de contenido porque no están bien formados”, argumenta Martínez.
Desde DGE, sobre el contenido que se repartió para los alumnos de FinEs, adujeron que ni este ni ningún otro contenido constituye un material obligatorio -y menos el único- para docentes y estudiantes. “Asimismo, es pertinente recordar que los principios ordenadores del trabajo docente se enmarcan en la libertad de enseñar y aprender. Estos principios se vinculan con las garantías de no restringir a las y los docentes y estudiantes en sus opiniones o en el ejercicio de sus derechos individuales, laborales y sociales, por doctrina alguna”. A diferencia de la DGE, desde el Ministerio de Educación de la Nación aseguraron que ellos no están distribuyendo de manera activa este material, pero que cada jurisdicción tiene la libertad de hacerlo.
El proceso
Una pregunta central es cómo es el proceso por el cual se definen los contenidos que se dictarán en las escuelas primarias y secundarias. El Estado nacional define los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, pero, luego, las jurisdicciones cuentan con la responsabilidad de elaborar su propio diseño curricular.
Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el Consejo General de Cultura y Educación debe aprobar el diseño curricular que luego se dará en las aulas. El órgano está conformado por 10 miembros: seis son designados por el gobernador, pero los pliegos y antecedentes deben ser aprobados en la Cámara de Diputados bonaerense, y cuatro son docentes activos del sistema, que se eligen en elecciones directas. Aunque, según detalla Martínez, esos cuatro puestos hace 11 años que están ocupados por miembros de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba). Si bien fueron elegidos por votación, desde 2009 no hubo elecciones, según indicó Martínez.
Luego, cada escuela, si bien debe seguir el diseño curricular que estableció la DGE y que luego aprobó el Consejo, podrá diseñar su proyecto curricular institucional. “El material que se baja es orientativo, luego el docente arma su planificación y se la envía a la directora. Si lleva material extra al aula debe dejarlo asentado, pero también puede llevar, por ejemplo, un artículo periodístico por un tema específico y que eso no esté en la planificación”, agregó Martínez.
Así sucedió con otro caso que generó un fuerte rechazo en 2017: el de los cuadernillos que promovió la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), para que los maestros de las escuelas primarias y secundarias hablaran sobre el caso Santiago Maldonado en el marco de una desaparición forzada a manos de la Gendarmería, cuando la Justicia aún no se había expedido. Sobre aquella publicación, se intentó consultar a Eduardo López, secretario General de la CTA de la ciudad, secretario gremial de Ctera y secretario general adjunto de UTE, para consultarle su opinión al respecto, pero no recibió respuesta.
La polémica por la incorporación de contenido político en el material de estudio se reavivó también entre marzo y abril de este año, cuando el gobierno porteño decidió no utilizar los cuadernillos que entregó el Ministerio de Educación de la Nación por entender que ahí se pretendía bajar línea a favor del Ejecutivo nacional. El objetivo de esos cuadernillos es que los seis millones de estudiantes que no cuentan con internet o una computadora puedan continuar su educación durante la pandemia.
Según informó el gobierno de la Ciudad, “el material aborda contenidos con información de coyuntura del gobierno nacional que no es pertinente en relación con los núcleos de aprendizaje prioritarios y los diseños curriculares de la jurisdicción, denotando una clara intencionalidad propagandística o partidaria ajena a la tradición laica de nuestro sistema educativo”.
Tal como publicó LA NACION el 21 de mayo pasado, una de las consignas de los cuadernillos para chicos de 11 y 12 años fue leer un artículo publicado en el diario Clarín (2 de abril) que habla de una decisión judicial que le ordena al gobierno porteño restablecer la provisión de insumos médicos para trabajadores de la salud en la ciudad. “Después de leer la noticia, anoten en sus carpetas: ¿Aparece en el artículo algún funcionario? ¿Quién es? ¿A cuál de los poderes pertenece? ¿En qué jurisdicción (nacional, provincial o de la ciudad de Buenos Aires)?”
Respecto del cuestionamiento efectuado por el gobierno porteño como consecuencia de la investigación, el Ministerio de Educación de la Nación puso a disposición de las 24 jurisdicciones el contenido de los cuadernillos para que pudieran prestar conformidad del mismo.
“A partir de la cuarta serie (se imprimieron nueve al día de hoy), todo el contenido fue a imprenta previa lectura y aceptación de los contenidos tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de las demás jurisdicciones que optaron por participar del proceso; no obstante, la Ciudad no quiso formar parte de la distribución del material para los alumnos de su jurisdicción, aunque se dialogó con Luis Bullrich -quien ocupara el cargo de la ministra Soledad Acuña por encontrarse de licencia- para que continuaran siendo parte del proceso y así lo hicieron”, señalaron fuentes de la cartera que dirige Nicolás Trotta.
Explicaciones
Los especialistas consultados por este medio no se aventuraron a hablar de adoctrinamiento en las aulas, en el sentido estricto de la palabra, aunque sí señalaron que, en muchos casos, no se enseña desde la diversidad de ideas y puntos de vista. A su vez, afirmaron, hay distritos en donde la omnipresencia de la militancia política incide en los enfoques que los docentes les brindan a sus estudiantes. También, argumentaron, las fallas y sesgos en la formación docente hacen que muchos sean más proclives a utilizar materiales de estudio con errores, reduccionismos históricos o que presentan una visión unilateral de los hechos del pasado o de la coyuntura.
Pedro Núñez, investigador del Conicet con sede en el Instituto de Investigaciones para América Latina de Flacso Argentina y autor del libro La política en la escuela, consideró que todo acto educativo implica algo de política o algún posicionamiento político. Aunque, sobre todo, ese posicionamiento parte de los estados nacionales que son los que definen los contenidos acordes a cada materia.
Según el especialista, muchos temas, y aún más en materias vinculadas a las Ciencias Sociales, están mediados por el posicionamiento que cada docente tiene frente a sus alumnos. “Lo que hay que ver es cómo el diseño curricular se enseña en la cotidianidad de un aula donde puede haber debates, que son mediadas por referencias adultas, pero también por diferentes posturas entre compañeros”.
Núñez explicó que pueden aparecer más tensiones con los temas de coyuntura, pero resaltó que la escuela no es una entidad separada de la sociedad, sino un espacio para potencia los debates. “Lo peor que puede generar la idea del adoctrinamiento es que lleve a un temor por parte de los docentes a debatir y opinar. Hay que garantizar un ámbito plural. Luego, por supuesto, en las evaluaciones se debe tomar el contenido, no la opinión de cada uno”, consideró.
Mariano Narodowski, académico, docente de la Universidad Torcuato Di Tella, investigador y ministro de Educación porteño entre 2007 y 2009, sostuvo que no es posible pensar que en la Argentina haya un intento estatal de adoctrinar a alumnos o docentes.
Lo peor que puede generar la idea del adoctrinamiento es que lleve a un temor por parte de los docentes a debatir y opinar
Pedro Núñez
En referencia al cuadernillo de la Ctera, afirmó que tiene el mismo estatus legal que cualquier otro libro hecho por una editorial privada. Es decir que, si un docente decidiera incorporarlo, eso sería válido. Al docente se le podría recriminar, agregó Narodowski, si el cuadernillo no estuviera adaptado al diseño curricular. Pero, según el especialista, en los diseños curriculares de la Argentina todos plantean que la educación debe ser crítica y transformadora, por lo que sería muy difícil impugnar la publicación. “La pregunta es si está bien o no que desde 1984 el Estado se haya retirado del control de los textos escolares, pero esa es otra discusión”, indagó.
Sobre los casos en los que no se presentan los temas de una manera plural en las aulas, Narodowski encontró tres motivos para intentar explicarlos: “Uno es un mal ejercicio de la profesión, tal vez no de mala fe, sino por dejarse llevar o por equivocarse. El segundo caso son los de mala fe, que son los que militan en las aulas, pero entiendo que son pocos porque si fueran realmente muchos serían más visibles, considerando que hay un millón de profesores. En tercer lugar, hay casos en donde el docente, de buena fe y con un buen planteo pedagógico, lleva una propuesta que considera pluralista, pero los docentes, los padres o el ministerio de Educación luego consideran que no lo es”.
El rol de los gremios
Otro factor que podría incidir en la visión que se plasma en las aulas sobre la historia o la coyuntura es el poder territorial de los sindicatos y de los militantes de los distintos municipios. Una fuente que trabaja en el sistema educativo de La Matanza y lo conoce en profundidad reveló, aunque prefirió resguardar su identidad, cómo funciona, según su visión, el sistema por el cual se intenta alinear a los docentes y alumnos con el kirchnerismo.
“Para empezar, todas las decisiones se toman junto a Suteba, el gremio docente que conduce Roberto Baradel. Luego, en el territorio manda la Secretaría de Cultura y Educación del municipio, que promueven libros y acciones con carga partidaria, al mismo tiempo que capacitan a los docentes en esa línea”, detalló.
La misma fuente agregó que la Secretaría de la Juventud del municipio tiene el objetivo de crear centros de estudiantes, que “provocan militancia”. Y completó: “Los chicos terminan siendo cautivos de una estructura partidaria. Pasa en todos los niveles. A los más chicos les han mandado rompecabezas con la imagen de Cristina. Este año, los cuadernillos que repartió el Estado se entregaban junto al bolsón de alimentos y ahí estaban los punteros con las pecheras puestas. Que los chicos elijan su ideología, pero que esa decisión sea el resultado de haber desarrollado el pensamiento crítico”.
Silvina Gvirtz, secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas de La Matanza, un distrito con 400.000 alumnos, opinó que hablar de adoctrinamiento en ese distrito es absolutamente descabellado. Señaló que no recuerda ningún caso en el que militantes de algún tipo se hubieran acercado a las escuelas para hacer propaganda. Agregó que si llegara a pasar, “resultaría totalmente fuera de lugar y los directores los frenarían”. Sobre la consulta acerca de quiénes repartieron los cuadernillos del Estado durante la pandemia, aseguró que fueron entregados por docentes o directores.
Formación
Soledad Acuña, la ministra de educación de la Ciudad, también señaló, al referirse al “adoctrinamiento”, que los institutos de formación docente están ideológicamente tomados por la izquierda o el kirchnerismo. “Está en cómo enseñamos qué es un docente, el en perfil que define a un docente. La gran discusión es cómo enseñamos a enseñar. Un docente que aprende bien sabe que tiene que enseñar a pensar, no decir lo que pensar”, indicó la ministra. Y completó: “Es uno de los grandes problemas y tiene que ver, hablando de la raíz, con la formación y con el perfil de quiénes eligen estudiar, que eligen militar en vez de hacer docencia”. Y la funcionaria convocó a los padres a denunciar actos de “adoctrinamiento” que observen de parte de los docentes en las clases virtuales que toman sus hijos.
Amanda Martín, secretaria gremial de Ademys, uno de los sindicatos que nuclea docentes de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, sostiene que la educación pública es plural, y que al señalar que hay “adoctrinamiento”, se pretende, a su vez, imponer una visión política de la educación. “Cada docente tiene una perspectiva. La escuela pública tiene una visión plural porque los docentes llegan por concurso, no es que nos podemos reunir todos los que pensamos igual, a diferencia de la escuela privada donde si hay una selección de un perfil determinado de docentes”.
Gonzalo Santos enseña en dos institutos de formación docente y es autor del libro Enseñar en tiempos de hashtags. En uno de los institutos, asegura que la cúpula está muy ligada al kirchnerismo y se ejerce mucha presión para cumplir los objetivos políticos, como que haya cierta cantidad de egresados por año y que eso va en detrimento de la calidad educativa. Por eso suele señalar a la educación como un “simulacro”, pero niega que se pretendan imponer los contenidos que se dictan en el aula.
