Influenciado por Máximo Kirchner, Pablo Moyano despliega su estrategia para escenificar un conflicto por la recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. El enemigo elegido esta vez será uno de sus grandes benefactores: Horacio Rodríguez Larreta. El número dos de los camioneros acusa al jefe de gobierno porteño de querer recortar dos días laborables de las 6300 personas que se desempeñan en el servicio de recolección. “Trabajaron en pandemia y ahora deben cargar con este injusto ajuste”, apuntó el hijo de Hugo Moyano en un comunicado en el que decretó que esta rama del gremio, una de las más combativas, se declara en alerta y movilización.
La postura inflexible que intenta mostrar Moyano no coincide al menos con lo que sostienen en el gobierno porteño. “No hay hipótesis de conflicto”, dijo, seco y tajante, un funcionario de confianza de Rodríguez Larreta que tiene relación fluida con los gremios. La misma fuente ratificó la existencia del plan oficial de ajuste en la recolección de residuos como en otros rubros. ¿La razón? El argumento es la quita de recursos de la coparticipación federal que activó la Casa Rosada y que se cristalizaría la semana que viene con una ley sancionada por el Congreso.
“La intención es reducir uno o dos días o sacar los feriados. Hay que hacer al servicio más eficiente”, señaló el funcionario porteño.
Negocian casi semanalmente con los Moyano el vicejefe de gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, y Ezequiel Jarvis, subsecretario de Trabajo, Industria y Comercio. Marcelo Aparicio, número tres de los camioneros, también es uno de los habituales interlocutores. La discusión por el inminente recorte en la recolección alteraría la pulseada por el bono de fin de año, casi un derecho adquirido de los afiliados del gremio moyanista. Dicen en Camioneros que el monto del pago extra debería estar entre los 20.000 y los 25.000 pesos. “Fuimos trabajadores esenciales en toda la pandemia”, se jactaron cerca de Pablo Moyano, a modo de presión para los empleadores.
La reducción de la coparticipación obligó al gobierno porteño a revisar contratos vigentes en servicios públicos y proyectos que dejaron de ser prioridad. La recolección de residuos es una de las actividades apuntadas. Con un contrato anual de $30.000 millones se espera reducir, al menos, unos $3000 millones con un nuevo esquema de recolección para dejar de recoger los residuos los feriados y los fines de semana.
El sistema de recolección de residuos e higiene urbana involucra a 6300 personas y un contrato con seis empresas y con vencimiento en 2024. Cliba, AESA, Urbasur, Nittida, Ashira y Solbayres se reparten las zonas desde 2014. A todas ellas también se les recortaría el margen de ganancia, alrededor de un 2% anual. Las negociaciones para achicar el presupuesto se llevan adelante el gremio de los camioneros y las cámaras del sector, que prevén una reunión la semana que viene para tomar una postura común.
Una alianza en riesgo
El posible quiebre en el vínculo entre los Moyano y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podría llegar a alterar una alianza indestructible desde hace décadas, que resistió incluso a los vaivenes políticos. La alianza arrancó incluso antes de la primera gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. El jeje camionero acumulaba muchos años de relación con Franco Macri por el manejo de la recolectora de residuos Manliba. Mauricio, siendo jefe de gobierno porteño y ya con sus intenciones de dar el salto a la Casa Rosada, no solo que mantuvo el vínculo que heredó de su padre sino que lo estimuló al validar el pago de indemnizaciones a los trabajadores del servicio en cada renegociación de los contratos, con la garantía de que además conservaban sus puestos. Moyano suele jactarse de su capacidad de negociación con este logro.
Después de ese acuerdo, hubo otros acercamientos que dejaron satisfechos a los dos sectores. Durante los años que Moyano estuvo enfrentado con el kirchnerismo, Macri puso a disposición el fuero laboral porteño y hasta creó una subsecertaría del tema para mediar en los conflictos gremiales de los camioneros que el por entonces ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, no se disponía a resolver. Pueden dar fe de esos acuerdos Ezequiel Sabor y Hugo Moyano (h.), asesor legal del sindicato, a pesar de que hoy la política los encuentra distanciados.
Con la colaboración de Mauricio Giambartolomei
Por: Nicolás Balinotti
