Lázaro Báez acumula malas noticias en la Justicia. Ahora sumó un nuevo procesamiento por el uso recurrente de facturas truchas para evadir fortunas -esta vez, en Chaco-, aunque los problemas que lo rodean parecen comenzar a encarrilarse en Bahía Blanca, donde ya había sido procesado como presunto jefe de una asociación ilícita fiscal, también por el uso intensivo de facturas truchas.
En Chaco, el juez federal subrogante con asiento en esa provincia, Enrique Bosch, procesó al dueño de Austral Construcciones por posible evasión agravada de los tributos de IVA y Ganancias, aunque el magistrado dispuso que el presunto testaferro de la familia Kirchner siga en libertad, al no ordenar su prisión preventiva.
El juez Bosch también procesó al exsenador por Chaco Fabio Darío Biancalani y a otras tres personas vinculadas a la supuesta operatoria delictiva que desarrolló durante años la empresa constructora “Sucesión de Adelmo Biancalani”, que integra el emporio de constructoras de Báez. Todos ellos permanecerán, también, en libertad, mientras la Cámara Federal evalúa ya su situación procesal.
¿Quiénes son los otros tres procesados? El contador cordobés Claudio Fernando Bustos, el ex presidente de Austral Construcciones Julio Enrique Mendoza y el abogado Jorge Chueco. Los tres figuran, también, entre los acusados en el juicio por la llamada “ruta del dinero K” que se encuentra en juicio oral, y afrontan pedidos de prisión. Y los dos primeros también integran el lote de procesados por el juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, en otra investigación por presunta evasión tributaria por más de $ 70 millones.
Para los investigadores judiciales, el uso intensivo de facturas truchas por parte de Báez iría más allá de la evasión trucha. Sería una escala más en una operatoria que tendría el mismo destino final que los bolsos de los empresarios que integran la causa “Cuadernos”. Al decir de los sabuesos judiciales, la familia Kirchner.
En Chaco, según estimó el juez Bosch en su resolución, “se encuentra acreditado, con el grado de probabilidad que esta etapa requiere, el despliegue de supuestas maniobras ardidosas por parte de los responsables de la Sucesión de Adelmo Biancalani, para inducir a error en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) al incluir en sus [declaraciones juradas] datos falsos respecto de la composición de su patrimonio y determinación del impuesto, el cual fuera sustentado en documentación falsa”.
La presunta operatoria delictiva se habría desarrollado entre Austral Construcciones -como empresa controlante del holding de Báez- y “Sucesión de Adelmo Biancalani”, como firma controlada, con epicentro de operaciones en Chaco.
En ese sentido, explicó Bosch, “se ha podido constatar la existencia de operaciones inter empresas -controlada y controlante- con facturaciones importantes por servicios que a la postre no pudieron ser demostrados y que fueron impugnados por la fiscalización realizada por la AFIP, y que sirvieron en definitiva para simular operaciones y justificar movimientos importantes de fondos entre empresas buscando claramente la justificación patrimonial en la controlada y la inyección de fondos provenientes de la obra pública”.
Junto a los procesamientos, el magistrado decretó la falta de mérito de uno de los hijos de Báez, Leandro, en tanto que dispuso embargos por $ 52 millones, suma que estimó necesaria para, de resultar condenados, afrontar el presunto perjuicio causado a las arcas públicas.
Tanto las defensas, como la AFIP -que integra la investigación como querellante-, como el fiscal federal Patricio Sabadini apelaron los procesamientos, por lo que ahora será el turno de la Cámara Federal de evaluar si confirma o revoca, total o parcialmente, la resolución de Bosch.
Moratoria como oportunidad
Sin embargo, mientras Báez y sus colaboradores sumaron un nuevo traspié en Chaco, 1500 kilómetros al sur, en Bahía Blanca, la pata tributaria de otra investigación penal complicada para el otrora socio comercial de los Kirchner podría comenzar a resolverse.
Procesado como presunto jefe de una asociación ilícita destinada a cometer delitos en perjuicio del Estado por más de $673 millones y con embargos por $120 millones, Báez integró en Bahía Blanca la lista de acusados junto a varios empresarios y profesionales locales. Entre ellos, Silvio Ficcadenti, José Antonio Ferreyra y Rogelio Alberto Chanquía, quienes también fueron procesados y embargados por $70 millones cada uno.
Desde su inicio en 2014, la tramitación del expediente judicial en Bahía Blanca causó un terremoto local. Provocó que el entonces titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, ordenara el cierre de la Regional del organismo en esa ciudad. También causó el apartamiento del por entonces primer juez subrogante tras ordenar unos allanamientos en 2015. Y dejó en evidencia la pasividad de los fiscales Antonio Castaño y su superior, Alejandro Cantaro, procesado por la presunta protección que habría brindado a una banda narco.
Más de cinco años después de que comenzó la investigación, el quinto juez federal que tuvo en sus manos el expediente, Walter López da Silva, ordenó los procesamientos, que ahora analiza la Cámara Federal.
El reclamo tributario, sin embargo, sumó más obstáculos con el arribo de nuevas autoridades al frente de la Regional Bahía Blanca de la AFIP y la aprobación de la nueva fiscal que impulsó el presidente Alberto Fernández. Los acusados ya aprovecharon la oportunidad.
