En las últimas horas comenzó a circular la información acerca de que una serie de problemas podrían complicar el desembarco de las vacunas contra el coronavirus en Argentina. En lo que hace a la vacuna de Pfizer, Alberto Fernández se embarcó en la negociación con esta empresa por sugerencia de Ginés González García pero éste habría cometido mala praxis política y la compañía farmacéutica de los Estados Unidos decidió privilegiar otros mercados en América Latina.
Cuando el Presidente asumió que la única solución era comprar vacunas antes de su aprobación legal para anticiparse a la ola de pedidos del resto del mundo, la oferta de Pfizer aparecía como una solución probable. Por esta razón, Alberto Fernández envió y forzó la rápida aprobación de una Ley de Vacunas a la medida de las exigencias jurídicas de Pfizer. Esa iniciativa legal establece fuertes concesiones a la compañía que le servirían como una especie de paraguas legal.
Alberto Fernández avaló todo esto y el Congreso votó para lograr que Argentina acceda sin dilaciones a la vacuna contra el COVID-19. No obstante, y pese a los gestos políticos del Gobierno, la negociación con Pfizer se empantanó en las últimas semanas debido a que su vacuna debe mantenerse por debajo de los 70 grados, y esa información clave era manejada por González García cuando sugirió al Presidente que negociara con la compañía estadounidense.
El problema es que Argentina no tiene infraestructura para mantener estable la vacuna de Pfizer en el Conurbano bonaerense y menos aún para organizar un traslado de millones de dosis al interior del país. Para ello, se necesitan aviones con sistemas a base de hidrógenos y voluminosas heladeras que mantengan las vacunas por debajo de los 70 grados. Entonces, sin esta logística, los representantes legales de Pfizer se comunicaron con el ministro de Salud.
Fue entonces que le plantearon la necesidad de una nueva protección jurídica ante la endeble infraestructura estatal de la Argentina. Y es que como el Gobierno no puede garantizar que la vacuna llegue en condiciones técnicas normales a las provincias, Pfizer solicitó un nuevo contrato que estableciera las responsabilidades respecto a los daños físicos causados por la aplicación de una dosis que no se preservó por debajo de los 70 grados.
Pero Alberto Fernández no puede firmar ese contrato porque no tiene posibilidades de garantizar la estabilidad de las vacunas que se apliquen en las provincias del norte, por ejemplo, con el calor típico de esta época. En el Gobierno temen que esto acabe en un escándalo de comprar 3 millones de vacunas de Pfizer que terminan destruidas porque se rompió la cadena de frío y ya no se pueden aplicar a los seres humanos.
Ahora bien, ¿Dónde habría estado la mala praxis de Ginés? En que el ministro obvió dos consideraciones claves: nunca reveló porqué Pfizer quiere una nueva ley y tampoco explicó por qué exigen la firma de Alberto Fernández. La empresa pretende otra iniciativa para deslindar responsabilidades respecto a la cadena de frío y desean la firma del jefe de Estado para tener más robusta la seguridad jurídica ante eventuales juicios penales.
De esta manera, González García quedó en el ojo de tormenta debido a que el caso Pfizer puede concluir en un fracaso de gestión para el Presidente, ya que el ministro fue el que sugirió la negociación y no tuvo en cuenta todos sus aspectos legales y logísticos. Pero eso no es todo, ayer también sugirió que es poco probable que aterricen en Buenos Aires las 350.000 vacunas rusas que prometió Alberto Fernández para antes de navidad.
El ministro de Salud erosionó la imagen pública de Alberto Fernández ya que es poco probable que cierre el contrato con Pfizer y puso en duda la palabra presidencial respecto a la provisión de vacunas rusas para aplicar a trabajadores esenciales antes de la finalización del 2020. Fueron dos opiniones desafortunadas cuando comienza a crecer la preocupación ante la posibilidad de un eventual rebrote del COVID-19 en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
