No hay forma de verlo como una disputa entre particulares que debe resolver la Justicia. La mejor prueba es que esta mañana hubo enfrentamientos violentos entre la Policía Federal y los usurpadores porque estos agredieron a funcionarios judiciales que sólo querían hacer una inspección ocular previa a un desalojo. O sea: los usurpadores ni siquiera se someten a la Justicia. Lo mismo hicieron el 1 de este mes con otro predio usurpado que pertencía a Gas del Estado.
Ahora, los desalojos son inexorables, porque al final del día, el Estado debe aplicar la ley. De hecho, la justicia de Río Negro ratificó justo ayer, en segunda instancia, el desalojo de otro predio tomado, perteneciente a la iglesia católica.
Y ya pasó con los terrenos tomados en Guernica, provincia de Buenos Aires. Pasó con el campo de los Etchevehere en Entre Ríos que mandó a ocupar ilegalmente el piquetero papal Juan Grabois.
El Estado manejado por el kirchnerismo está demostrando que, al final, tiene que sacar a los delincuentes que se apropian de un terreno.
Entonces, si al final los desalojos, con mayor o menor represión, con mayor o menor violencia, se hacen, hay que desactivar los discursos que, en Argentina, apañan, justifican y promueven las usurpaciones y la violación de la ley. Por un lado, para dejar de espantar inversiones.
Pero, más importante, para dejar de engañar gente.
El gobierno nacional, sobre todo, debe abandonar su doble discurso. Basta de tener militantes dirigentes, oficinas estatales y funcionarios K que les hacen el coro, les calientan la oreja, a los usurpadores, y que luego, al final, cuando la adolescencia revolucionaria choca con el código civil y la Constitución, recién ahí se dan cuenta de que forman parte del poder que les manda los carros de asalto a los pobres y miserables a los que ellos engañaron con su tristeza de viejos niños ricos.
A esta altura no se pude aducir ignorancia. Es puro cinismo.
Como dicen todos los expertos en teoría penal, mejor que reprimir es prevenir. Y la prevención más básica, elemental, es que los ciudadanos conozcan la ley, sepan qué está bien y qué está mal, qué se puede hacer y qué no. Y para eso no hay nada mejor que sea el propio poder político, que hoy está a cargo del Estado, el que diga, clarito, en voz alta, en forma unívoca, no con un ministro diciendo una cosa y otro sugiriendo otra, que usurpar un terreno ajeno es un delito. Y que deje de confundir a pobres personas a las que después ellos mismos les terminan pintando los dedos.
