El Gobierno nacional confirmó un nuevo aumento en las cuotas de la medicina prepaga. Si bien desde la Superintendencia de Seguros de Salud se había anunciado que el incremento a partir de febrero sería del 10%, finalmente se autorizó una suba de hasta el 7%. La medida fue oficializada este jueves a través de la Resolución 2987/2020, que fue publicada en el Boletín Oficial con la firma del Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.
Lo mismo había sucedido con el aumento estipulado para diciembre: en principio se informó que se incrementaría un 15% y el Gobierno terminó aprobando una suba de hasta el 10%.
“Autorízase a todas las Entidades de Medicina Prepaga inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) un aumento general, complementario y acumulativo de aquel que ha sido aprobado para el mes de diciembre de 2020 mediante la Resolución Nº 1787/20-MS, de hasta un SIETE POR CIENTO (7%) a partir del 1º de febrero de 2021″, se estableció en el artículo 1º de la normativa publicada a primera hora de este jueves.
Asimismo, el texto aclaró que el aumento debe calcularse en “relación a los valores vigentes al momento de entrada en vigencia de la presente Resolución”.
Entre los considerandos se destacó que a lo largo de 2020 y a raíz de las diferentes medidas de aislamiento y distanciamiento social decretadas por la pandemia del coronavirus “se produjo una limitación en la circulación de las personas, con el consecuente impacto en la economía, afectando a las empresas, a las actividades independientes y al empleo, del cual no resultaron ajenos el sistema sanitario y sus actores”.
En esa misma línea, se remarcó “que la merma en la actividad productiva, consecuencia inevitable de las medidas adoptadas, se ve reflejada en la recaudación tributaria y, consecuentemente, en los recursos destinados a los Agentes del Seguro de Salud” y que la situación descripta amenazó “la cadena de pagos del Sistema de Salud, en momentos en los que este sector resulta clave para minimizar los impactos de la pandemia y brindar la debida atención de sus beneficiarios”.
En consecuencia, la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina (CIMARA) y la Asociación de Entidades de Medicina Privada (ADEMP) han informado “el impacto que les ha causado el incremento de los costos del sector, especialmente en el delicado contexto de atención de la pandemia suscitada a principios de 2020 y que ha demandado esfuerzos inusitados del personal de salud”, por lo que requirieron a la Superintendencia de Servicios de Salud que autorizara nuevos aumentos.
En este sentido, las entidades del sector también “han expresado su preocupación por el estado crítico en que se encuentran la mayoría de los prestadores y enfatizado la necesidad de incrementar los valores retributivos que perciben por las prestaciones que brindan, a fin de paliar dicha situación y garantizar su continuidad”.
Si bien las cuotas de la medicina privada no habían registrado suba alguna hasta este mes, el sector recibió algunos beneficios por parte del Gobierno para llevar adelante su actividad durante la pandemia. En primer lugar, por tratarse de una actividad considerada esencial, las empresas de salud estuvieron incluidas en el Programa ATP, por lo que el estado absorbió el pago de una parte de los salarios de sus empleados.
Asimismo, en el inicio de la lucha contra el coronavirus, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 300/2020, destinado a beneficiar a los “empleadores pertenecientes a los servicios, establecimientos e instituciones relacionadas con la salud”. A través de esa normativa, que estuvo vigente hasta fines de noviembre, las empresas estuvieron eximidas del pago de contribuciones patronales y pagaron una alícuota menor del impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como “impuesto al cheque”.
Ahora resta saber cómo será recibida esta segunda oficialización por debajo de lo anunciado entre las empresas de medicina prepaga, desde donde habían adelantado que un aumento total del 25% (el valor estimado originalmente entre para las subas de diciembre y de febrero de 2021) resultaba insuficiente para el normal funcionamiento de la actividad “porque está por debajo de la inflación”.
