Con la decisión de parte de la Justicia nacional acerca de que Amado Boudou debe volver a la cárcel para cumplir el resto de la condena por el caso Ciccone, se cierra un año en el que el Poder Judicial a nivel nacional se consolidó como uno de los diques de contención a la hora de frenar el “vamos por todo” del kirchnerismo. De no haber sido por la Corte Suprema y otros tribunales, el Gobierno nacional seguramente se habría salido con la suya.
Y es que el 2020 termina con un tope a las ansias de lograr impunidad por parte de Cristina Kirchner para sí misma, como así también para su círculo más cercano donde están sus propios hijos y ex funcionarios de su gestión. Es por ello que la titular de la Cámara alta del Congreso de la Nación, tiene la sangre en el ojo debido al freno que le puso la Justicia a su plan de lograr zafar de todas las causas judiciales en las que está comprometida.
En ese marco, hasta el momento, naufragó el proyecto de ley que tenía por objetivo reformar la Justicia con el fin de lograr la impunidad para Cristina Kirchner. Y es que la imposibilidad de lograr los votos en la Cámara de diputados le impide al kirchnerismo llenar la Justicia de militantes, tal y como era la idea original, por lo que por esta vía tampoco el oficialismo podrá lograr su cometido gracias a la oposición en el Parlamento.
Como si se tratara de enviar una señal al poder político, desde la Justicia justo en el último día antes de la celebración de fin de año decide que el corrupto ex vicepresidente Amado Boudou debe continuar cursando su condena en una cárcel común como cualquier otro ciudadano que viola la ley y que no tiene un trato preferencial. Seguramente, esta medida traiga aparejadas repercusiones de parte del kirchnerismo.
Pero como si se tratara de un eclipse, la luminosidad que aporta la Justicia a nivel nacional es opacada por la oscuridad que irradia el Poder Judicial de Tucumán. En un año para el olvido, la Justicia local no desentonó en lo que hace a la degradación institucional, ya que salió a la luz el papel de mera escribanía que representa la Corte Suprema de Tucumán respecto del poder político, es decir, Juan Manzur y Osvaldo Jaldo.
En este sentido, el camarista Enrique Pedicone sacó a la luz el espurio funcionamiento del máximo tribunal local cuando denunció al vocal Daniel Leiva por tráfico de influencias. El escándalo fue tan grande que trascendió las fronteras provinciales para repercutir a nivel nacional. Sin embargo, en esta provincia parece que la situación fuera la inversa, porque se protegió a Leiva y se sometió a juicio político a su denunciante, el Doctor Pedicone.
De esta manera, la suerte parece estar echada para el camarista que sería destituido en el mes de febrero, luego de que transcurra el receso de la feria judicial. Esto significa que en Tucumán no existe un dique de contención respecto de la impunidad con la que se maneja el poder político. Es por ello que durante el 2020 debió haberse producido la intervención del Poder Judicial local, algo que debería tener lugar el año que viene si las cosas no cambian.
