El juicio por enriquecimiento ilícito del ex secretario de Obras Públicas José López concluye este miércoles cuando se conozca la sentencia que dará a conocer el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) después de las palabras finales, que comenzarán a las 9.30.
El fiscal del caso, Miguel Ángel Osorio, solicitó seis años de condena para el ex funcionario K al igual que la Oficina Anticorrupción (OA) en su rol de querella. En tanto, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que se acuse a los imputados también por lavado de dinero.
En la madrugada del 14 de junio de 2016, José López quedó preso cuando buscó esconder en un convento de General Rodríguez bolsos con casi 9 millones de dólares, 153.000 euros, 59.000 pesos y relojes Rolex. Esto reactivó la causa por enriquecimiento ilícito en su contra que tenían desde 2008 el juez Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado.
“Hay prueba suficiente” para “tener por acreditado el enriquecimiento ilícito de López y de su mujer, y en particular la compra del terreno y la construcción de la casa ubicada en Dique Luján, el departamento de la calle Las Heras y la tenencia del dinero hallado en el Monasterio”, señala la acusación que llevó a juicio al ex funcionario K.
El juicio comenzó el 11 de junio de 2018 y contó con más de 100 testigos a lo largo de las audiencias. Durante los alegatos, la UIF fue la primera en exponer, pero por haber sido aceptada en el inicio del proceso como querellante, nunca pudo realizar el pedido de elevación a juicio oral, por lo cual su acusación es sin condena.
La UIF dio por probado que los 9 millones de dólares que el detenido ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo intentó esconder le pertenecían, y sostuvo que, además de enriquecimiento ilícito, hubo lavado de activos.
El fiscal Osorio consideró que durante su paso por la función pública, “López aumentó su patrimonio en un monto escandalosamente elevado que de ningún modo puede justificarse (…) lo cual demuestra que detrás de ese dinero espurio se esconden actos de corrupción”.
Además, la Fiscalía explicó que López contó con la colaboración de Andrés Enrique Galera, Eduardo Ramón Gutiérrez y Carlos Hugo Gianni, quienes actuaron como interpósitas personas, comúnmente denominados “testaferros”, para disimular la incorporación de esos bienes a su haber, y con la colaboración de su esposa –María Amalia Díaz-, quien “actuó de intermediaria para la compra del departamento y en la dirección de la obra de la casa de dique Luján.
También contó con la cooperación de Marcos Artemio Marconipara modificar el estatuto de la empresa Marketing y Eventos y así posibilitar la adquisición de tal departamento”.
En relación a Celia Inés Aparicio, Osorio sostuvo que no surgieron a lo largo del debate elementos que permitan sostener el “ánimo doloso” de la imputada de encubrir la comisión del hecho ilícito de José López. “La prueba examinada demostró que no era ella sino la madre Superiora Alba la que tenía contacto directo con José López y María Amalia Díaz. Y que la noche del hecho Aparicio sólo actuó cumpliendo órdenes, sin que existiera indicio alguno que tuviera conocimiento del contenido de los bolsos”, explicó.
López llegó a esta instancia de juicio oral por tres hechos: la posesión injustificada en su patrimonio del dinero de los bolsos, donde había 9 millones de dólares y $ 452.600 en joyas. Además, se le atribuyó la compra y refacción de una casa en Tigre, que López decía alquilar y la justicia determinó que era de su propiedad. Fue registrada en calidad de testaferro, primero a Galera -hasta el año 2010- y después a nombre de Gutiérrez. La tasación oficial le otorgó un valor de 480.000 dólares a la propiedad.
También, el ex funcionario fue procesado por la compra del departamento de calle Las Heras 2030. Allí habría utilizado como pantalla a la sociedad “Marketing y Eventos S.A.”, propiedad del empresario Carlos Gianni, y al abogado Marcos Artemio Marconi. El valor de la propiedad es de 110.000 dólares.
El ex funcionario K es actualmente imputado colaborador en la causa de los “cuadernos de las coimas”, tras haber declarado en ese sentido ante el fiscal del caso, Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio.
JPE
