Finalmente, aparecieron pruebas que demostrarían lo que desde Tucumán Despierta denunciamos durante el transcurso de la semana. Y es que Jorge Yapura Astorga sería el ejecutor del golpe institucional a la Corte Suprema de Justicia de la provincia. En ese sentido, apareció un acta clave en todo este tema, relacionada con los pedidos de juicios políticos a la presidenta del máximo tribunal, Dra. Claudia Sbdar y al Dr. Daniel Posse, vocal del mismo.
Se trata de la denuncia que llevó a cabo la comunidad indígena del pueblo diaguita del valle de Tafí. Pero resulta ser que no habría contado con la autorización del consejo que está integrado por un total de 14 miembros de dicha comunidad. De hecho, con esa contundencia y claridad, queda expuesto en el acta adjunta a esta nota, que ellos rechazan las acciones del cacique Santos Pastrana en contra de la Corte y acusan a Yapura Astorga de haber instado estas maniobras.
Acerca del accionar del pedido de juicio político, en el acta se deja en claro que para la misma “no fue consultada la comunidad, su asamblea de base, ni el consejo de delegados”. Por esta razón, manifestaron “no estar de acuerdo en la forma en que se están llevando a cabo dichas acciones que claramente que son de índole personal de parte del cacique Santos Pastrana. En este caso, no hubo consulta previa e informadas las asambleas”.
En acta, también dejaron claro que “a excepción de una sola asambleísta, los demás delegados manifiestan tener desconocimiento de las acciones. Por lo cual no estamos en condiciones de apoyar ya que se requiere tener más elementos que hagan posible tomar una decisión consciente”. Pero hay más, debido a que los integrantes de la asamblea apuntaron directamente a ex intendente de Tafí del Valle.
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“Dicha decisión se toma básicamente debido a que hay intereses políticos y económicos del legislador Jorge Yapura Astorga, quién instó estas acciones”, dijeron por escrito en el acta a la que accedió Tucumán Despierta. Esto significa que, si el cacique Santos Pastrana no cumplió con los requisitos de su comunidad debido a que habría actuado de forma personal, como mencionan ellos mismos en el acta, no tendría validez los pedidos solicitados en la Legislatura.
Ahora bien, cabe preguntarse entonces ¿Quién está atrás de todo este plan? Y es que, como ya señalamos desde este medio, se trataría claramente de un golpe institucional de parte de un integrante del Poder Legislativo. ¿Es que acaso el titular de la Legislatura, Osvaldo Jaldo, está al tanto de esto? Y es que sólo caben dos posibilidades al respecto, una peor que la otra, pero que es necesario dejar en claro.
En caso de que estuviera al tanto, es gravísimo, pero en el caso de que no lo esté, debe tomar intervención de forma inmediata, dado que se encuentra en curso un claro plan de golpe institucional de parte del cuerpo que él preside. Y es que resulta a todas luces evidente de que Jorge Yapura Astorga no estaría actuando sólo por su cuenta y que la ayuda que consiguió para este deplorable y condenable plan es mucha.
Si el procesado por delitos de corrupción Yapura Astorga, estaría actuando de momento con el cacique Santos Pastrana y con Mónica Méndez, “casualmente” no, sino que causalmente la antes mencionada integrante de la asamblea de la comunidad diaguita que sabía de esto y que está de acuerdo con el pedido de juicio político a dos de los integrantes de la Corte, fue candidata en lista de su hijo en las elecciones del 2019 que perdió.
De todos modos, ellos no serían más que serviles peones en un juego macabro y perverso que claramente tiene por descubrir todavía quién sería el autor intelectual de este plan. Y es que lógicamente, nunca podría ser Yapura Astorga, por carecer el mismo de la astucia necesaria. ¿Entonces, cabe acaso la posibilidad de que fuera el propio Osvaldo Jaldo el que esté detrás de todo esto como el principal actor?
¿Acaso este golpe institucional forma parte de un todavía plan mucho más grande que consistiría en adueñarse de la provincia a partir del manejo de la Justicia? Y es que Jaldo ya maneja a su voluntad la Legislatura provincial, por lo que sólo le restaría conquistar la Justicia para tener el poder total en Tucumán, si es que se queda con la titularidad del Poder Ejecutivo en las elecciones del 2023.
Pero, en el caso de que Osvaldo Jaldo no fuera el autor intelectual de este intento de tomar por asalto a la Justicia por medio de la Corte Suprema, debería tomar cartas en el asunto y aplicar inmediatas sanciones en contra de su “ahijado”, el legislador acusado de corrupción y elevado a juicio oral Jorge Yapura Astorga. Pero también cabe preguntarse: ¿Cuál es el papel que juegan en esto Claudia Sbdar y Daniel Posse?
Sucede que, luego de este informe dado a conocer en exclusiva por parte de Tucumán Despierta, deberían denunciar un claro complot de parte del Poder Legislativo en su contra, para lograr la destitución. Al mismo tiempo, el resto de la Justicia debería ya en estos momentos actuar de oficio, por lo que un fiscal tendría que abrir de inmediato una investigación por la gravedad institucional que esto representa.
Ahora bien, pero ¿Qué debería hacer la Legislatura ahora? Básicamente, tendría que empezar por rechazar in limine esos pedidos, luego de que quedara al descubierto estas maniobras espurias de parte del ex intendente de Tafí del Valle. Al mismo tiempo, la justicia de la provincia, debería apuntar a Jorge Yapura Astorga para investigar sobre el verdadero autor intelectual de este golpe que se intenta dar a la Corte Suprema. ¿Es que acaso continuará agonizando la democracia en Tucumán?