Los reveses judiciales en un proceso laboral no tienen más instancias de apelación. Con la sentencia en contra ratificada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) y al quedar firme una orden de embargo definitivo, la Unión Cívica Radical (UCR) está cerca del remate de su sede de Catamarca 851.
El interventor del centenario partido, José Francisco “Lucho” Argañaraz, confirmó a LA GACETA que la “deuda es real”, y expresó su preocupación por la situación administrativa con la que se encontró a su arribo, en marzo pasado. Ante este escenario, el también concejal capitalino adelantó que apelará a los referentes de la UCR para evitar que la medida se concrete. “Me comuniqué con dirigentes para que el lunes (por mañana) analicemos la situación. Al asumir me di con que no estaban los balances de 2015, 2016, 2017 y 2018. Incluso, yo me estoy haciendo cargo (del pago) de los servicios y de todo lo que hace al funcionamiento de la sede”, describió Argañaraz. Y confió en que, con el aporte voluntario de los “correligionarios”, se podrá llegar a un acuerdo con el demandante.
La demanda
El afiliado Roberto Antonio Ledesma, que se desempeñaba como empleado administrativo en la sede de la UCR desde febrero de 1999, se consideró despedido en noviembre de 2012. Según la sentencia definitiva dictada en 2017 por Marcela Beatriz Tejada (preopinante) y Adrián Díaz Critelli, vocales de la Cámara del Trabajo, el conflicto comenzó en agosto de 2012, luego de que se hiciera cargo la entonces “nueva Junta de Gobierno, presidida por José Cano y con Jorge Atilio Mendía como tesorero”. El demandante, representado por la abogada Claudia Mazza Marcos, alegó en el proceso que venía reclamando la regularización de su situación laboral, ya que estaba “en negro”. Cuando insistió con ese pedido, agregó, “se le disminuyó su haber en un 50%” -percibía $ 4.000-, manteniendo “idénticas cargas y tareas”. Luego, indicó, “Mendía le requirió en forma verbal la entrega de las llaves del local partidario”. Tras el envío de telegramas, y sin obtener las respuestas esperadas, Ledesma -quien demostró haber trabajado en la sede de lunes a viernes, en los turnos mañana y tarde- se dio por echado.
El descargo
La UCR, patrocinada por Guillermo Gordillo Aráoz, negó el relato de Ledesma. “Esporádicamente y ad honórem, se presentaba como afiliado para colaborar con el partido, conjuntamente con otras personas, también militantes, principalmente en tiempos próximos a elecciones”, sostuvo la Unión Cívica Radical, según el expediente. Además, el letrado consignó que Ledesma era empleado de la Legislatura, por lo que no era posible que se desempeñara en ambos puestos de manera simultánea.
Sin embargo, la vocal Tejada consideró probadas, sobre la base de documentaciones y de los dichos de testigos, que Ledesma había cumplido funciones como administrativo en la sede radical. Con respecto a su designación como asesor del bloque de la UCR en la Legislatura, detalló que no había constancias de que fuera un cargo con “dedicación exclusiva”; incluso, interpretó que se trataba de “tareas realizadas por cortos períodos”.
La sentencia
Los votos de Tejada y de Díaz Critelli dieron por cierta la demanda de Ledesma (hoy de 83 años). Cuando dictaron la sentencia, el 30 de mayo de 2017, Julio César Herrera ya había reemplazado a Cano al frente del partido radical. Entonces, los jueces le otorgaron un plazo de 10 días a la UCR para afrontar el pago de $ 1,09 millón a su ex empleado -sin incluir los honorarios profesionales-, en concepto de antigüedad, haberes de septiembre y de octubre de 2012, vacaciones y otros ítems.
El abogado Gordillo Aráoz planteó un recurso de casación, pero no prosperó. El 28 de junio de 2018, la Sala en lo Laboral de la CSJT, integrada por Daniel Posse, René Goane (preopinante) y Claudia Sbdar (con su voto), rechazó la petición del abogado, y confirmó la sentencia de la Cámara de Trabajo contra la UCR.
El panorama
La parte final del proceso avanzó este año. En febrero quedó firme el embargo preventivo sobre la casona de Catamarca 851. A fines de mayo, la jueza de Trabajo de Primera Instancia Susana Fe libró un mandamiento en el que consta la designación del martillero público Javier Robledo. Antes, había girado oficios al Registro Inmobiliario y a la Dirección de Catastro con pedidos de informes, “a los fines de una eventual subasta”.
Argañaraz consideró que, con el apoyo de los afiliados que ejercen funciones públicas, se podrá evitar la pérdida de la sede. Y estimó el costo global, entre el acuerdo extrajudicial y honorarios, en $ 2,1 millones. “Hoy estamos sin cobrar siquiera los aportes partidarios (a los radicales con cargo)”, se lamentó.
Mazza Marcos, sin embargo, dijo que están lejos de un arreglo. “Vamos hacia el remate, no hay más instancias (de apelación). Faltan etapas, no hay una fecha. Pero nunca hubo una propuesta seria y concreta de pago por parte de la UCR”, advirtió.
