Los empresarios del transporte público solicitaron al Gobierno provincial y a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán exenciones impositivas para paliar la crisis económica. El vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aeatat), Jorge Berreta, expuso que en vez de aumentar la tarifa es necesario cambiar el modelo del servicio de colectivos.
“La solución no es el aumento de tarifa sino revisar la responsabilidad del estado y las empresas sobre el transporte. Estamos pidiendo el servicio con el sistema de subsidios Barcelona, que aquí se aplica en Mendoza y Salta”, expuso Berreta.
La solicitud formal coincide con una negociación salarial abierta en la Secretaría de Trabajo de la Nación por la paritaria de los trabajadores del sector, representados por las diferentes seccionales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Las empresas de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (que cubren los circuitos en la ciudad de Buenos Aires y en los 34 partidos o departamentos del conurbano) ya acordaron un 20% de incremento más un ítem no remunerativo en cuotas de $ 16.000. Las firmas del resto del país, agrupadas en la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) plantearon que no pueden hacer frente a los pagos sin ayuda de la Nación. El Gobierno nacional compensa en subsidios a las firmas del AMBA los incrementos salariales.
Consultado sobre el alcance de equiparar el acuerdo con los trabajadores en AMBA, Berreta explicó que equivaldría a $ 78 millones para las firmas. Esta tarde continuará una reunión en la Secretaría de Trabajo de la Nación para definir la paritaria de los trabajadores de las provincias.
Subsidios
Berreta explicó que el transporte público requiere un “cambio de paradigma” y modificar el sistema de subsidios. El año pasado, el gobierno macrista definió trasladar los subsidios al sector a las provincias, por lo que este año la ayuda económica mayoritaria a las empresas responde a Casa de Gobierno.
Según el empresario, en 2017 las firmas percibían alrededor de $ 130 millones en subsidios mensuales, además de la subvensión al costo del gasoil, por lo que las empresas pagaban el litro de combustible a $ 10,50 en vez de los $ 34 del surtidor de aquel momento. Tras la transición, la Provincia pasó a aportar $ 130 millones mensuales este año y el Estado nacional sostiene una ayuda de $ 54 millones. El gasoil, para las empresas del interior, se pasa a cobrar al precio del surtidor: $ 44 el litro de común y $ 46 de Euro5. “Lo analicemos sólo con un dato: las empresas por mes necesitan en Tucumán unos 3 millones de litros de gasoil. A precio subvencionado de 2017, equivalía a $ 31,5 millones. Ahora, sin subsidios, debemos pagar 138 millones. Si sumamos a eso la tarifa depreciada, dos devaluaciones y una inflación galopante desde 2017… estamos en una situación terminal. No vemos luz al final del túnel porque los costos suben en ascensor y las ganancias bajan en escalera”, defendió su postura Berreta.
Para los empresarios, una salida sería adoptar el modelo que se aplica en Mendoza y en Salta: “en estas provincias los Estados le pagan a los empresarios por kilómetro recorrido según un estudio de costos. El Estado puede definir las gratuidades que considere (boletos educativos, para jubilados, obreros) y fijar tarifa, haciéndose cargo del déficit de las empresas y pueden controlar la calidad del servicio a través del GPS de cada unidad”, informó Berreta.
