El oficialismo aprobó ayer en el Consejo de la Magistratura de la Nación una resolución en la que sostuvo que la circular que la ANSES le mandó a jueces y fiscales “de ninguna manera puede interpretarse como una intimación a cesar en el cargo para evitar la pérdida de derechos previsionales ya adquiridos” y creó una mesa de enlace con el organismo previsional para debatir el tema.
Lo hizo con el rechazo de la oposición, que planteaba una postura más dura: que la ANSES deje sin efecto las notas y plantear que esas intimaciones “constituyen una perturbación a la tranquilidad de espíritu de los magistrados judiciales y una lesión al principio de independencia del Poder Judicial de la Nación”. Las posturas estaban igualadas en seis votos cada parte, y el desempate fue de la diputada peronista Graciela Camaño, que tenía su propio proyecto pero que ante la igualdad se inclinó hacia el oficialismo.
El dato político no es menor y pone de manifiesto la sintonía fina que existe entre la legisladora y la Casa Rosada. No es la primera vez que define una votación a favor del oficialismo en temas determinantes para la agenda del Gobierno y por ese motivo la oposición cree que la dirigente ha perdido la independencia que en algún momento disimuló ostentar en el Consejo.
El año pasado, también gracias a su intervención decisiva, se inició la avanzada sobre los traslados de los jueces que están en la mira del kirchnerismo por investigar lo casos de corrupción, entre ellos los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y el juez Germán Castelli.
El debate
La discusión fue sobre las notas que a mediados del mes pasado la ANSES empezó a enviar cartas documentos a jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios que ya tenían la jubilación otorgada. Allí se señalaba que tenían 30 días para presentar la renuncia y acogerse a la jubilación o el trámite que tenían aprobado iba a ser archivado.
La notificación le llegó a más de 200 jueces, fiscales, defensores oficiales y funcionarios ya con la jubilación otorgada. Entre ellos los jueces de la Cámara Federal Bruglia y Martín Irurzun, los de Casación Federal Eduardo Righi y Liliana Catucci, la magistrada federal y electoral María Servini, los fiscales federales Carlos Stornelli y Eduardo Taiano y el procurador general interino, Eduardo Casal. Algunos criticados por el oficialismo.
La nota generó incertidumbre en el Poder Judicial porque ante el cambio del régimen jubilatoria no quedaba claro si el archivo significaba que debían iniciar el trámite con la nueva ley. La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN) presentaron esta semana una demanda en la que pidieron la inconstitucionalidad de la decisión.
La discusión en el Consejo la inició la oposición. Hace dos semanas el diputado del PRO Pablo Tonelli, de los jueces Juan Manuel Culotta y Ricardo Recondo, de la senadora de la UCR Silvia Giacoppo y de los abogados Carlos Matterson y Diego Marías presentaron una nota para rechazar la postura de la ANSES.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/CX5FMP3Q3JF5FI2E255XGG7WWY.jpg)
Alberto Lugones y Pablo Tonelli (Maximiliano Luna)
El tema se discutió en el plenario del Consejo de esta mañana. El juez Alberto Lugones planteó que la intimación de ANSES generó dudas en algunos magistrados pero no afectó la independiente del Poder Judicial. “El archivo es que el esatdo del trámite pasa de estar a un estado de pre cese que se va a reanudar cuando el magistrado se jubile. Si es una intimación a cesar es inconstitucional”, explicó y propuso crear una mesa de trabajo con la ANSES.
“Tenemos la obligación de expresarnos por la independencia judicial”, respondió Tonelli y agregó que la ANSES se extralimitó en sus funciones.
El debate tomó voltaje con la intervención del senador del Frente de Todos Mariano Recalde. “Algunos vienen hablar acá de moral con la bragueta abierta”, sostuvo. Dijo que Tonelli tenía una “doble vara” porque había dicho que se podía echar por decreto a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, porque había entrado “por la ventana” al Consejo y porque el macrismo había hecho una maniobra para no permitir que un senador jure en el Consejo para así tener los votos para enviar a juicio político al destituido juez de la Cámara Federal Eduardo Freiler.
“Lamento que Recalde, para defender al gobierno, haya descendido al subsuelo. A Freiler lo echamos por corrupto porque no pudo defender su blanco y mi caso en el Consejo tiene sentencia firme de la justicia”, respondió.
Hubo un proyecto intermedio que fue el de Camaño. La diputada avalaba la intervención de la ANSES en los trámites jubilatorios de los jueces, que tienen el privilegio de continuar en el cargo frente a otras personas de tener la obligación de retirarse de su actividad, y criticaba los pedidos de renuncia.
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Se votó y hubo un empate. A los seis votos de la oposición su contraponían los seis votos por el proyecto de Lugones: el del propio juez, de Recalde, del académico y presidente del Consejo, Diego Molea, de la diputada del Frente de Todos Vanesa Siley, del representante del Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, y de la senadora María Inés Pilatti Vergara. Camaño votó por su iniciativa.
Ante el empate, se discutió si Molea, como presidente, tenía voto doble. Camaño optó por retirar su voto y sumarse al proyecto del oficialismo. “Me interesa que haya un pronunciamiento del cuerpo. La ANSES sí tiene facultades administrativas y si bien variamos en la fundamentación, en los considerandos estoy más del cerca de la iniciativa del consejero Lugones”, explicó la legisladora.
El abogado Marías planteó que la decisión “no exige el cese de las intimaciones de la ANSES”. Lugones respondió que “eso debe formar parte de las conversaciones de la mesa”.
Así, por siete votos a seis el Consejo aprobó “manifestar que la notificación cursada por Anses de ninguna manera puede interpretarse como una intimación a cesar en el cargo para evitar la pérdida de derechos previsionales ya adquiridos. Asimismo, ratificar el compromiso por parte de este cuerpo de velar por la independencia en la función jurisdiccional” y “disponer la participación del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación en una mesa de enlace y coordinación con la ANSES”, lo que quedará a cargo de Molea como presidente del Consejo.
