El Colegio de Abogados de la Capital consideró que el Gobierno está obligado a definir las ternas para cubrir dos fiscalías de Instrucción en lo Penal de esta ciudad que devolvió al Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Por medio de un pronunciamiento que lleva la firma del presidente Marcelo Billone y del secretario Guillermo Arévalo, la entidad intermedia expresó que el Poder Ejecutivo (PE) de Juan Manzur tenía que elegir sí o sí a alguno de los ternados, y que no era una excusa válida que casi todos ellos ya hayan sido designados en otros cargos.
“El PE habría alegado que no hay ‘candidatos elegibles’ cuando de la lectura de las ternas se desprende lo contrario”, expresaron los dirigentes. La manifestación rechaza la devolución de los tercetos elevados por el CAM al Gobierno en junio de 2017 por considerarla violatoria de la Carta Magna provincial y de la ley específica. “El inciso 5 del artículo 101 de la Constitución de Tucumán prescribe que para cubrir las vacantes existentes el gobernador debe necesariamente elegir uno de los ternados y remitir la designación a la Legislatura para su tratamiento (…). Si esta no aprueba el pliego, el Poder Ejecutivo tiene que elegir otro nombre, siempre de la terna, hasta que consiga la aprobación”, afirmaron Billone y Arévalo.
Los representantes del Colegio dijeron que, en función de estas premisas legales, correspondía que el Consejo reintegre las ternas en cuestión al Gobierno para que este cumpla “sin más dilaciones” su obligación constitucional.
Un dictamen jurídico elaborado en el seno del CAM aconseja la misma postura y los consejeros estarían dispuestos a enviar nuevamente los tercetos a Manzur. La situación es inédita en los 10 años de funcionamiento del órgano encargado de preseleccionar jueces, fiscales y defensores oficiales mediante la sustanciación de concursos públicos de antecedentes y de oposición.
Los concursantes Pedro León Gallo (fiscal), Facundo Maggio (juez) y Luis Amarillo integran una de las ternas devueltas mientras que Gallo, Eugenia María Posse (fiscal) y Amarillo componen la otra. A fines de 2017, la Legislatura rechazó el nombramiento de Amarillo para uno de los tres cargos a los que aspiraba. El Gobierno optó por no insistir con ese nombre.
“Asistimos a un nuevo y triste capítulo de la serie de destratos del gobernador para con la Justicia”, evaluaron Billone y Arévalo. Las autoridades del Colegio recordaron que en los últimos tres años habían planteado sucesivos reclamos; presentado un proyecto de ley para establecer un plazo para que el Poder Ejecutivo remita los pliegos y reinstalar los concursos múltiples, y promovido un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán por “la sistemática mora” en la que incurre el Gobierno en la cobertura de las vacantes judiciales existentes, acción que está en condiciones de ser resuelta en el alto tribunal.
