El Gobierno aprobó una suba del 9% en las tarifas eléctricas, en los que será el primer aumento de los dos definidos para este año, con el objetivo de iniciar además la segmentación de los subsidios para que lleguen a los sectores más vulnerables.
Con este incremento se levanta el congelamiento de las tarifas eléctricas que estaba vigente desde diciembre de 2019 con la sanción de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. La última prórroga del congelamiento se definió en diciembre de 2020, en donde además el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación de las tarifas de la luz y el gas, que tendrá al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y al Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) al frente del proceso.
La situación de las tarifas de electricidad estaba sobre el escritorio del propio Alberto Fernández, quien venía manteniendo conversaciones con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Economía, Martín Guzmán. En la última reunión coincidieron en la necesidad de salir del congelamiento, pero siempre en atención de la situación económica de los argentinos, agravada por los efectos de la pandemia.
De hecho, al mismo tiempo que se decidió el incremento, también se definió pedirle la renuncia al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, a quien por lo bajo en la Casa Rosada lo acusan de “incompetencia”.
Según fuetes gubernamentales, ya en diciembre de 2019, cuando por ley se congelaron las tarifas de luz y gas, el equipo económico le pidió a Basualdo que modele escenarios de costos algo que nunca presentó. Pero tampoco avanzó en una idea clave para el Gobierno que es la segmentación de tarifas. El ahora exsubsecretario no trazó un esquema para salir del congelamiento de forma ordenada, considerando los costos, los subsidios y el impacto en el bolsillo de los argentinos.
Ahora con la salida de Basualdo, en el Gobierno aseguran que van a trabajar fuertemente para recuperar el tiempo perdido, y avanzar en un trabajo de segmentación que estaba visiblemente retrasado para que los subsidios “dejen de ser planos, para todo el mundo”, y lleguen a quienes verdaderamente los necesitan.
En el análisis de la segmentación tarifarias y la asignación de subsidios, en el Gobierno apuntan desde el inicio de la gestión a evitar los “tarifazos” tal como ocurrieron en la era Macri. Es por eso que apenas asumió Alberto Fernández incluyó en la Ley de Solidaridad el congelamiento tarifario para analizar puntillosamente el esquema de tarifas.
En marzo cuando se desató la pandemia del coronavirus, y atento al parate económico sufrido por el efecto del aislamiento, la Casa Rosada definió sucesivas prórrogas del congelamiento hasta llegar a un escenario de reactivación económica, algo que, aunque incipiente, ya se vislumbra desde fines del 2020.
En el Gobierno aseguran que la ayuda desplegada durante la pandemia a los distintos actores sociales mediante distintos planes como la Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) le permitió al Estado recabar mucha información de los ciudadanos para realizar una radiografía socioeconómica más detallada.
A partir del entrecruzamiento de datos de los distintos organismos como la AFIP y ANSES, la intención es diagramar un esquema de subsidios que contemple la situación de los sectores más vulnerables, pero que la ayuda llegue de forma directa a quien los necesita. En la Casa Rosada quieren evitar por ejemplo errores del pasado, en donde al definir subsidios por zonas geográficas, se terminaban beneficiando personas de alto poder adquisitivo.
