Detrás del episodio del subsecretario de Energía, Federico Basualdo -el funcionario dado por renunciado que no se fue a ningún lado- se esconde una interna feroz en torno al proyecto macroeconómico del Frente de Todos. Más allá de qué silla quedará vacante y cuándo, la disputa entre el kirchnerismo y el ministro de Economía, Martín Guzmán, en torno a la política tarifaria escaló de tal manera que difícilmente termine sin heridos. Hoy la moneda cayó por el canto, pero tarde o temprano deberá existir una definición de fondo.
La jornada del viernes fue desprolija de punta a punta. A primera hora del día Guzmán le ordenó al secretario de Energía, Darío Martínez, que le pidiera la renuncia a Basualdo, un funcionario que reporta directamente a Cristina Kirchner y a La Cámpora. La cuestión de las tarifas, que no se vienen resolviendo como quiere el ministro, es un tema que atormenta a Guzmán, bajo la convicción de que genera un descalabro económico incontrolable. En el Palacio de Hacienda aclararon que la decisión de separar a Basualdo “por incompetencia” había sido conversada con el Presidente.
La eyección del subsecretario de Energía trascendió públicamente, como un hecho consumado. Pero por la tarde, el kirchnerismo frenó la salida de su funcionario, que finalmente el viernes no levantó sus cosas ni dejó el despacho. “Basualdo no se fue, ni se va a ir”, repiten muy cerca de Cristina y Máximo Kirchner convencidos de que Guzmán se “sobregiró” porque se creyó por encima de la política.
En la Casa Rosada dan una explicación más simple sobre el sketch. Aseguran que había un acuerdo político de ordenar un aumento “razonable” de la tarifa eléctrica. “Y luego estaba el reacomodamiento del área, que también estaba hablado. Pero la mala praxis del Ministerio de Economía le puso ruido, cuando debía ser un movimiento más en una cuarta línea de la gestión ¿Qué va a pasar? Cuando se calme el tema, Basualdo dejará el cargo”, dijo a un alto funcionario.
Lo que sí se hizo oficial el viernes a última hora fue un aumento “plano” del 9% de las tarifas de Edenor y Edesur. “Es un aumento razonable, que sale del congelamiento luego de dos años y que no impacta en los ingresos de las familias”, justificaron en Balcarce 50. El monto del incremento estuvo levemente por encima del porcentaje que había anunciado el kirchnerismo, que habló del 8%.
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Pero el número poco dijo sobre la cuestión de fondo, que radica en cómo van a seguir los aumentos tarifarios durante el año electoral. El kirchnerismo no quiere ningún otro aumento. “La única política pública tarifaria es el aumento del 9% que se dispuso y no va a haber más”, aseguraron a LA NACION cerca del Instituto Patria. En cambio, Guzmán pretende seguir actualizando las tarifas, muy por encima de los dos dígitos -algunos hablan del 30%- y de forma segmentada de acuerdo al nivel de ingresos de los usuarios.
Lo que advierte puertas adentro Guzmán es que, de no resolverse la cuestión tarifaria, el impacto económico puede ser gravísimo. El ministro repite que los subsidios a las tarifas son “emisión pura” que presiona contra el dólar y contra la inflación. “Es un descalabro que no termina bien. Y que tampoco ayuda a ganar una elección”, advierte el funcionario a sus interlocutores.
El Gobierno apuntó a la “inoperancia” de Basualdo por la falta de resultados en el trabajo de segmentación de los usuarios de luz. “Hace 18 meses que no hace lo que se le pidió”, dijo una alta fuente oficial.
En el kirchnerismo, sin embargo, dicen que esa embestida es falaz. “Se puso en marcha un programa para segmentar a los usuarios particulares por polígonos geográficos y por nivel de ingresos y patrimonio. Para poder identificar a los usuarios de altos ingresos hacía falta el acceso a la información estratégica de AFIP y del BCRA. Eso requiere de un decreto que está parado hace dos meses en Casa Rosada y el ministro lo sabe bien”, dijo a LA NACION una fuente cercana a Basualdo. “Acá quien primero hizo una segmentación de tarifas se llama Axel Kicillof, no nos pueden correr con eso”, agregó.
Así, lo que está en juego no es solo Basualdo. Guzmán está convencido de que la política tarifaria que plantea el kirchnerismo atenta, en definitiva, contra todo su plan económico, porque la Argentina no está en condiciones de seguir generando emisión. “No es un tipo que se quede a calentar la silla por aferrarse a un cargo”, aseguran quienes lo conocen de cerca.
La Casa Rosada no confirma cuándo habrá un nuevo aumento de tarifas pero busca aquietar las aguas internas y señala que los posibles incrementos “los arrojará la segmentación pendiente que busca optimizar los subsidios allí donde hacen falta”.
Política económica de segunda ola
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Al conflicto político-tarifario se le agrega el complejo escenario epidemiológico. El ministro de Economía dejó en claro que el país no se banca otro cierre total. Por eso la Casa Rosada tomó restricciones sin frenar actividades como la construcción. Lo último a cerrar será la economía, no las clases.
Con la segunda ola fuera de programa, cerca de Fernández aseguran que el escenario económico es “más ordenado” que el de 2020. “Hay pandemia, pero hay vacuna. Y fortalecimos los ingresos impositivos. No sobra nada, pero estamos más ordenados que el año pasado”, dijo a LA NACION un integrante del equipo económico.
Sin cierre total, tampoco habrá medidas de shock como el IFE o el ATP. “Vamos a ir viendo cómo acompañar las restricciones con el Repro para los sectores afectados y analizando todo el tiempo medidas sociales”, señalan en Casa Rosada, donde reconocen que la hoja de ruta que marca el Presupuesto será sometido a un ejercicio de “flexibilidad”, pero apuntan a evitar un “gasto Covid” como el del año pasado.
La meta del 29% de inflación va quedando en sepia. Algunos funcionarios ya cambiaron su aspiración a bajar algunos decimales con respecto al 36% de 2020. Otros reconocen que aún queda la comparación con el 54% de Mauricio Macri en 2019.
El problema de fondo es político. Guzmán quedó muy expuesto ante el Instituto Patria. Pero el kirchnerismo podría hacerlo atravesar el invierno. Cerca de la vicepresidenta advierten: “Es la política la que decide cuando los funcionarios se van”.
