La sesión de hoy de la Legislatura evidenció que las tensiones entre el manzurismo y el jaldismo llegaron a un nivel máximo.
Luego de desplazar de la mesa de autoridades a Gerónimo Vargas Aignasse, hombre de confianza del gobernador Juan Manzur, el espacio que responde al vicegobernador Osvaldo Jaldo avanzó con cambios en la integración de la comisión de Juicio Político de la Cámara provincial.
Por impulso del bloque Justicialista de Todos, que preside Roque Tobías Álvarez, fueron removidos de ese comité legislativo clave los manzuristas Reneé Ramírez -además es secretario general de ATSA- y Julio Fabio Silman.
Al igual que el resto de los miembros de la bancada de Lealtad Peronista, Ramírez y Silman se ausentaron de la sesión de hoy para expresar su rechazo a la decisión del jaldismo y de la oposición de interpelar al ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer.
Los jaldistas Tulio Caponio-hermano del ex apoderado del PJ y actual defensor del Pueblo adjunto, Marcelo Caponio y Raúl Ferrazzano fueron designados en Juicio Político, en reemplazo del dirigente sindical oficialista y del ex intendente de Alderetes.
Con estos cambios, esta comisión estratégica quedó conformada por los manzuristas Zacarías Khoder (presidente) y Sergio Mansilla (vicepresidente), por los jaldistas Caponio, Ferrazzano, Enrique Bethencourt, Norma Mariela Reyes Elías, Gonzalo Monteros, Adriana Najar, Graciela Gutiérrez y Carlos Francisco Gómez, por el alfarista Raúl Pellegrini y por el bussista Mario César Casalli.
Así, en esta nueva integración, el espacio que responde al vicegobernador reúne ocho de los 12 votos posibles en Juicio Político.
¿Por qué es relevante este equipo de legisladores? La Constitución provincial establece que sobre ellos recae la decisión de sostener las acusaciones contra las autoridades de la provincia.
“Corresponde a la Legislatura el enjuiciamiento político del gobernador y del vicegobernador, de los ministros del Poder Ejecutivo, de los miembros de la Corte Suprema, del Ministro Fiscal, de los miembros del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, por delitos comunes o falta de cumplimiento de los deberes de su cargo”, señala el artículo 47 de la Carta Magna.
El apartado siguiente detalla que “la acusación corresponderá a la comisión permanente de Juicio Político, formada por 12 legisladores, requiriéndose para promoverla los dos tercios de la totalidad de los miembros. En el caso del gobernador y vicegobernador, la mayoría necesaria para promover la acusación será de tres cuartos de la totalidad de los miembros de la Comisión Acusadora”.
