Que el Gobierno nacional jugó con la salud de los argentinos, quedó comprobado una vez más ayer cuando se confirmó que ya circulan en nuestro país las peligrosas nuevas cepas de COVID-19 provenientes de Sudáfrica y de la India. La preocupación más importante es que la que proviene del continente africano es resistente a una de las tres vacunas que se están aplicando en estos momentos.
Ahora bien, cabe preguntarse, ¿Cuál es la responsabilidad del Gobierno nacional? Y es que, luego de que se detectara la variante sudafricana del coronavirus que causa coronavirus en el país, hay profesionales que observan con cautela esa situación por dos motivos, la permeabilidad de los testeos en Ezeiza, la principal puerta de entrada que tuvo el virus hasta ahora, y el menú de vacunas por el que optaron las autoridades sanitarias nacionales.
Lo que más preocupa a los especialistas es que la variante 501Y.V2 (linaje B.1.351) del virus SARS-CoV-2 detectada en octubre del año pasado en la región sudafricana de Bahía Nelson Mandela (Puerto Elizabeth), puede escapar al sistema inmunológico, lo que la vuelve una “cepa” de preocupación para los sistemas de vigilancia epidemiológica. Esta variante tiene una mayor transmisibilidad, pero también posee una mutación que le permite evadir el sistema inmune.
El Estado nacional es quien debería controlar el acceso de las personas que vienen del exterior., pero resulta que el no lo hizo, sino que se formó un laboratorio trucho con dos monotributistas para que presentaran el servicio vital para que no ingresen nuevas cepas de coronavirus, muchas de ellas más contagiosas. Mientras tanto, Labpax, la compañía que realizaba los supuestos test sigue facturando.
Quienes llegan a la estación pagan $2.500 y ya no esperan apenas un par de unos minutos para conocer el resultado, ya que el nuevo orden estableció, al menos, respetar los 15 que dice el prospecto del test. La resolución del tema aún no tiene responsables. Y por cada día que pasa, las monotributistas recaudan. Ya llevan unos $20 millones desde que la prensa contó el caso, mientras el Estado mira para otro lado.
Desde que el periodismo reveló el escándalo de los hisopados, el Gobierno permanece quieto, callado, sin reacción y claro está, sin asumir ninguna responsabilidad. Por ahora, sólo hay una auditoría que mandó a hacer el Ministerio de Salud cuando, mediante una investigación periodística, tomaron conocimiento de lo que sucedía en la principal puerta de ingreso desde el exterior que tiene el país.
Resulta verdaderamente vergonzante que no conforme con el mal manejo de la pandemia, la mala campaña vacunatoria y la implementación de la cuarentena más larga e ineficiente de mundo, el Gobierno nacional siga actuando de una manera tan indolente. Su mala praxis le cuesta vidas humanas e inocentes a la sociedad sin que les importe a quienes, encima, se vacunaron de forma VIP antes que aquellos que lo necesitaban.
