El procurador interino Eduardo Casal repite por estas horas, en las que se comienza a definir en el Congreso Nacional la reforma a la ley del Ministerio Público Fiscal, lo que sostiene desde que comenzó a ser criticado por el oficialismo: “Yo estoy acá porque me lo manda la ley y el lugar lo tiene que ocupar la política”. Y la política, desde el gobierno de Mauricio Macri, no acuerda un nuevo jefe de los fiscales nacionales y federales.
Casa tiene otra certeza. La reforma a la ley, que de concretarse lo dejaría afuera del cargo, no lo ve como algo personal, contra él. Sino que lo que el oficialismo quiere es el lugar en si mismo. “Si yo me corro nada cambia, sigue habiendo un interino”, dice. Y desde el Ministerio Público sostienen en la misma línea: “por eso no es, sino el cargo”.
Casal asumió como procurador general interino en octubre de 2017 cuando renunció como jefa de la fiscales Alejandra Gils Carbó, tan hostigada por el macrismo para que se vaya como ahora Casal por el kirchnerismo. Casal, de 63 años, llegó allí porque la ley del Ministerio Público Fiscal establece que ante la licencia o renuncia del titular quien asume es el fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación más antiguo en el cargo. Casal lo era.
Para reemplazar a Gils Carbó con una nueva titular en la Procuración General Macri propuso a Inés Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires. Pero el peronismo la rechaza y Macri terminó su presidencia con Casal como interino.
Una de las primeras decisiones que tomó Alberto Fernández cuando asumió como presidente en diciembre de 2019 fue proponer al juez federal Daniel Rafecas como procurador general. Pero desde entonces su pliego está en el Senado sin que el kirchnerismo lo haya impulsado. Desde el inicio del gobierno de Fernández, Casal continúa como procurador interino.
Para nombrar a un jefe de los fiscales se necesitan los dos tercios de los votos del Senado, lo mismo que para un juez de la Corte Suprema. Es un número que el oficialismo no tiene por si solo. Tampoco salió a buscar los que le faltan para nombrar a Rafecas.
Casal ha sido blanco de duras críticas y hasta de denuncias por parte del oficialismo. Pidieron su juicio político, lo denunciaron por enriquecimiento ilícito, desde el Congreso el kirchnerismo pidió informes sobre su desempeño. “Si así creen que se va a ir es porque no lo conocen. Es un técnico que está ahí porque así se lo marca la ley”, dicen en el Ministerio Público.
Casal no tiene diálogo con funcionarios ni dirigentes del oficialismo. “Nadie lo llamó ni el llama. Tuvo trato con Losardo (NdA: Marcela, ex ministra de Justicia de la Nación) por temas institucionales”, cuentan en el Ministerio Público.
En ese contexto el oficialismo lanzó un proyecto para reformar la ley del Ministerio Público. Los cambios más importantes son que ahora el Procurador pasa a ser elegido por mayoría absoluta de votos del Senado, con un mandato de cinco años (hoy es vitalicio) y que hasta que eso ocurra se puede designar un procurador interino de una terna que elabora la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación (que tiene mayoría oficialista) de la que el Presidente de la Nación elige a uno. Ese interinato dura seis meses que puede ser prorrogable por otros seis. Así Casal dejaría el cargo.
El proyecto, que tiene otras modificaciones como la integración del Jurado de Enjuiciamiento de Fiscales, ya tiene media sanción del Senado y mañana se comenzará a debatir en Diputados en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales.
“El poder del Procurador no es tan grande como se cree. Eso de que puede decirle a los fiscales qué hacer no es verdad. Si puede dar instrucciones generales sobre política criminal respecto a qué delitos perseguir y bajo qué parámetros pero no llamar a un fiscal para decirles lo que tienen que hacer en determinada causa”, explica un fiscal.
Si el Procurador tiene la lapicera final en las causas en la Corte. Es el que dictamina ante el máximo tribunal en las que causas que llegan allí, aunque su opinión no es vinculante. Pero una fuente que conoce los caminos sinuosos de la ley advierte una importante determinante para algunos casos: “Si una causa llega a la Corte apelada por el fiscal del caso quien tiene la llave para abrirla o cerrarla es el Procurador General. Si sostiene la apelación, la causa es analizada por la Corte. Pero si no, el expediente se termina ahí”.
Un ejemplo de eso es la causa de dólar futuro en la que está sobreseída la vicepresidenta Cristina Kirchner. El fiscal de Casación Raúl Pleé es el único que apeló. Cuando llegue a la Corte dependerá de Casal, o de su posible reemplazante, si el caso sigue o no para que intervenga el máximo tribunal.
